Los hindúes detenidos el 13-M quedan en un limbo administrativo por las falsas acusaciones contra ellos

L D (Luis del Pino) Les acusaron, absurdamente, de participar en una trama de extremistas de una religión que no era la suya. Les detuvieron por hacer algo que no es delito, como es vender y liberar teléfonos móviles. Ni siquiera habían sido ellos, como luego se puso de manifiesto, los que habían vendido y liberado ningún teléfono.

 

Les llevaron a la cárcel, les incomunicaron y les trataron de vincular con un asesinato cometido tres años antes del 11-M. No lograron su puesta en libertad hasta que su abogado, seis semanas después del atentado, presentó un escrito en el que se indicaba que difícilmente podían ser terroristas quienes siempre liberaban los móviles de su tienda en el local de un policía nacional, Ayman Maussili Kalaji.

 

Pero el calvario de esos hindúes no terminó con su abandono de la cárcel. Ese mismo mes de abril en que fueron liberados, alguien entró en su domicilio y robó sus pasaportes. Debido a que habían sido detenidos y encausados por el 11-M, no pudieron conseguir una nueva documentación de las autoridades indias, a pesar de que las acusaciones contra ellos ya habían quedado sin efecto. Una vez iniciado el juicio, y dado que se confirmaba que no habían siso encausados, consiguieron que la Justicia española certificara que no pesa contra ellos ninguna acusación. Pero eso tampoco sirvió para que consiguieran documentación nueva. Sin sus pasaportes, no pueden renovar su documentación para continuar en España, y tampoco pueden viajar fuera de territorio europeo. Tampoco a la India, su país de origen.

 

Ni siquiera han conseguido, después de todo este tiempo, que alguien les deniegue por escrito esos nuevos pasaportes. Con una denegación escrita, podrían al menos solicitar el status de apátridas, lo que resolvería sus problemas. Pero hasta esa solución tienen vedada por el momento. Puestos en contacto con la Embajada de la India, Libertad Digital no ha conseguido una explicación de cuál es el status administrativo actual de estos hindúes.

 

Tres años y medio después de la masacre, esos hindúes encarcelados en plena jornada de reflexión de las elecciones generales continúan sufriendo las consecuencias de una detención que, cada día que pasa, se muestra como más arbitraria. Una detención con consecuencias insospechadas para alguien que jamás soñó que fueran a poder acusarles de colaborar con el terrorismo islámico internacional.