Los presos: concesiones a ETA en 2010

Los terroristas de ETA hicieron público este lunes el esperado comunicado que tantas páginas llenó durante las pasadas Navidades. Un anuncio en el que no se atisba ni el final del terrorismo y en el que tampoco se habla de entrega de armas. Los etarras se limitan a reivindicar una nueva negociación y advierten de que ETA "no cejará en la lucha" por sus objetivos.

Pese que algunas voces han destacado que el alto el fuego "permanente y de carácter general" anunciado por los terroristas ha llegado sin contrapartida alguna por parte del Ejecutivo, como si de una iniciativa casi espontánea de ETA se tratase, obligados los terroristas incluso por sus propias bases, la realidad es que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha realizado numerosos guiños a ETA y su entorno durante 2010.

Los primeros temores llegaron a mediados de abril del año pasado, cuando el diario El Mundo publicaba que los servicios de inteligencia españoles, el CNI, tenía controlado desde hacía meses al veterano dirigente de ETA José Antonio Urruticoechea Bengoechea, Josu Ternera, que estaría residiendo en las cercanías de la ciudad italiana de Milán y viajaría de forma frecuente hasta una clínica de Düsseldorf (Alemania), usando una identidad portuguesa, para tratarse de una tromboflebitis.

El primer gran gesto del Gobierno llegó de la mano de uno de sus jueces bandera de Zapatero, el ya ex magistrado de la Audiencia Nacional Bartasar Garzón. El polémico juez excarceló a Rafael Díez Usabiaga, veterano líder del sindicato proetarra LAB y uno de los nombres más destacado del entramado civil de ETA, para que pudiese dedicarse a cuidar de su madre en cumplimiento de la Ley de Dependencia. Para llevarlo a cabo, contó con la complicidad del testimonio de una edil del PSE en el Consistorio guipuzcoano de Lasarte, que certificó y avaló ante el magistrado que el dirigente proetarra era la persona que cuidaba habitualmente de su progenitora.

La realidad es que el proceso llevado a cabo por Garzón para excarcelar a Usabiaga fue una cadena de hechos plagada de mentiras, pues el juez dio por buenos documentos que no eran válidos y dio una importancia desorbitada al testimonio de la edil socialista a la hora de dejar en libertad al dirigente proetarra.

Tan sólo cuatro días después de que el que fuera máximo dirigente del sindicato proetarra LAB saliese a la calle, también era excarcelado Ignacio Gracia Arregi, Iñaki de Rentería. El que había sido número uno de la organización terrorista ETA hasta su detención en 2000 en la localidad francesa de Bidart –en el mismo sitió donde cayó el triunvirato etarra que conformaban los etarras Pakito, Txelis y Fiti– quedaba en libertad sin cargos al considerar los tribunales que las causas por las que se mantenía en prisión en España desde el año 2008 eran las mismas por las que ya había cumplido penas de prisión en Francia.

Sin apenas tiempo para asimilar los sobresaltos que se producían por las extrañas cesiones del Gobierno Zapatero, se tenía conocimiento público de que el sanguinario terrorista de ETA José Ignacio de Juana Chaos se encontraba en paradero desconocido. Según informaba entonces la edición digital de la BBC, las autoridades norirlandesas llevaban más de un mes sin noticias sobre el paradero del terrorista, que debía presentarse a diario en comisaría. El Gobierno Zapatero se vio obligado a reconocer también que no tenía conocimiento del paradero del terrorista, lo que dejó de relevancia que las Fuerzas de Seguridad españolas no habían recibido la orden del controlar los movimientos en tierra irlandesa del sanguinario asesino.

Y tras la excarcelación del que fuera número uno del sindicato de referencia para los etarras, llegó el turno de hacer el gesto con el que fuera número uno del brazo político de ETA. Un permiso a Arnaldo Otegi para visitar a su padre en San Sebastián propició que el portavoz batasuno estuviese más de quince días en la prisión donostiarra sin autorización judicial, una situación que fue denunciada por Libertad Digital. Pese al silencio inicial del ministerio del Interior e Instituciones Penitenciarias, Otegi tuvo que abandonar la cárcel de Martutene. Eso sí, Rubalcaba premió a Otegi trasladándolo desde la prisión madrileña donde cumplía condena, en Soto del Real, hasta el centro penitenciario de La Rioja.

Durante 2010 tuvo un destacado papel la polémica política penitenciaria del Gobierno Zapatero, que desde hace unos años se dedica a acercar hasta centro penitenciarios cercanos a la comunidad vasca a los etarras encarcelados que se muestran partidarios de la negociación entre el Gobierno y ETA. El paradigma de esa política se puede encontrar en la cárcel de la localidad alavesa de Nanclares de Oca, en la que según el propio ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya no hay presos de la organización terrorista ETA.

Allí se encuentran etarras como Iñaki Rekarte y Andoni Muñoz de Vivar, que están disfrutando de un programa especial gracias al que pueden salir cada día para trabajar o estudiar con la obligación de volver a prisión los fines de semana. Con programas de libertad-controlada similares están también otros veteranos terroristas como José Luis Álvarez, Txelis, –que ordenó el asesinato de Manuel Broseta, o de Luis María Lizarralde–, Kepa Pikabea, Jorge Uruñuela, José Manuel Fernández Pérez, Andoni Alza y Fernando de Luis Astarloa.

En esta misma prisión se encuentra también la sanguinaria Idoia López Riaño, La Tigresa, que ocupa su tiempo en la cárcel en pasear los perros del centro penitenciario, en estudiar un módulo de Formación Profesional y en dar clases de euskera y francés mientras espera que se aprueben sus beneficios penitenciarios.

Llamativo también es el caso de Fernando García Jodrá y Nerea Bengoa Ziarzolo, dos terroristas de ETA que formaron parte del grupo Barcelona de ETA que causó el terror en Cataluña a principio de los años 2000. Dentro de esa estructura de pistoleros de ETA asesinaron al edil del PP en Sant Adriá del Besos (Barcelona) José Luis Ruiz Casado; al ex ministro de Sanidad del Gobierno González Ernest Lluch; al edil del PP en Viladecans (Barcelona) Francisco Cano Consuebra; y al guardia urbano de Barcelona Juan Miguel Cervilla Valladolid. Además, intentaron atentar hasta en ocho ocasiones contra el periodista Luis del Olmo.

A ambos, la consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía les pagará un tratamiento de fertilidad, después de que ambos etarras no hayan conseguido engendrar un hijo en los bis a bis que han mantenido desde que fueron arrestados por la Guardia Civil, según se hizo público en diversos medios de comunicación el pasado mes de mayo. El tratamiento fue aprobado y se está llevando a cabo en el hospital público Reina Sofía, en Córdoba, provincia en cuya cárcel de Alcolea cumplen condena los dos asesinos.

Pero los permisos para engendrar no han sido sólo para personas. Jaione Intxaurraga Uribarri, la tesorera de Batasuna en Navarra, para la que la justicia pide ocho años de cárcel y que se encuentra en libertad bajo fianza desde que pagase 30.000 euros en 2002, recibió autorización por parte de la Audiencia Nacional para abandonar España y desplazarse hasta el sur de Francia para cruzar a uno de sus perros de competición.