Los guardias civiles acusan a Interior de tratarles como a terroristas de ETA

En una rueda de prensa conjunta, los líderes de AUGC, Alberto Moya,y UO, Francisco García Ruiz, han anunciado que recurrirán la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid de prohibir la protesta del próximo 18 de septiembre al entender que los guardias civiles no pueden asistir a manifestaciones de carácter sindical.

"La Delegación del Gobierno, teledirigida desde el Ministerio del Interior, trata a la Guardia Civil como a terroristas de ETA. Han rastreado nuestras páginas web", ha denunciado Alberto Moya, mientras Francisco García ha acusado al Gobierno de meter a los guardias "en el mismo saco" que a los colaboradores de ETA.

AUGC y UO ya han avanzado que si el recurso judicial no prospera, asistirán a título particular y como ciudadanos de a pie al acto convocado en el mismo lugar y a la misma hora por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), en apoyo del trabajo de los agentes de la Guardia Civil.

"Animamos a los guardias civiles y sus familiares a que acudan a esta manifestación de forma masiva", ha proclamado Moya, que ha subrayado que el Gobierno "se equivoca" al tratar de "cercenar" derechos fundamentales como el de reunión y manifestación.

De la Vega niega la mayor

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha considerado que no es "razonable" que las asociaciones de guardias civiles acusen al Ejecutivo de tratarles "como a terroristas de ETA" por prohibir la manifestación convocada para el próximo 18 de septiembre.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Fernández de la Vega ha asegurado que la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid de no autorizar la manifestación de guardias civiles convocada para el 18 de septiembre, se ajusta a la Ley y a la jurisprudencia en relación con los derechos y deberes de los agentes.

"Respeto la opinión que puedan tener los guardias civiles pero discrepo de ella", ha subrayado la vicepresidenta primera que ha insistido en que no es "razonable" que las asociaciones de agentes digan que el Gobierno les trata como a etarras.