PP y PSOE salvan el sueldo múltiple de sus ex presidentes

En otras palabras, que al salir de La Moncloa elijan entre la pensión pública de ex presidente o la actividad en la empresa privada. Pero la amplísima mayoría parlamentaria de los partidos presidenciables, ha logrado tumbar la iniciativa de ERC-IU-ICV con 328 votos en contra. Sin embargo, socialistas y populares no se han librado de la cascada de críticas por no acometer la reforma y han dejado en evidencia las posiciones de los dos partidos mayoritarios en España.

Gaspar Llamazares, del grupo proponente, iniciaba el debate: "No creemos que sea discutible que esta indemnización sea compatible con la participación en el sector privado. Precisamente esta indemnización es para mantener la dignidad del cargo y la autonomía frente a las presiones externas. No se puede compatibilizar esta indemnización con esa participación con la presencia en las empresas privadas porque pretenden convertir las relaciones del ex presidente del Gobierno en un fondo de mercado".

Más crítica era Rosa diez, de Unión Progreso y Democracia que apelaba a la cuestión como un paso hacia la "regeneración democrática" y calificaba como "una pena" el voto en contra de PP y `PSOE. "Se podría titular... hoy no se fía, ¡mañana sí! hoy votarán ustedes que no, pero dentro de nada un par de telediarios, un par de encuestas, un par de setentas por cientos a favor de esta iniciativa y quienes hoy rechazan la misma pasado mañana se pelearán porque la prensa concertada les de los titulares de primera apareciendo como que la idea fue suya".

Desde el PNV, Aitor Esteban, también mostraba buena disposición. "Lo que es inaceptable es que, si se integran en la actividad privada con un mayor salario, sigan percibiendo esos emolumentos del erario público. O se ejerce de ex presidente o se ejerce de lobista pero no se puede ejercer de las dos cosas a un tiempo". Desde CIU, Jordi Xuclá manifestaba su voluntad de abordar este debate porque le parecía "bien esta línea de reflexión". "El sueldo de ex presidente es un sueldo para que ejerzan una digna función institucional en su función de ex presidentes y para blindarlos en las tentaciones de incorporación al sector privado si se produce se tiene que revisar el sentido del sueldo para los ex presidentes".

Pero las críticas a las percepciones económicas de los ex presidentes no sólo han salido de los grupos minoritarios. Una voz surgía hoy del propio PSOE. Horas antes de que la iniciativa de la izquierda parlamentaria fuera rechazada, el presidente del Congreso, José Bono, convocaba a la prensa para anunciar una modificación del sistema de pensiones de los parlamentarios. Y allí, rodeado de cámaras de televisión y periodistas, lanzaba un órdago a PP y PSOE: "¿Qué es más grave complementar una pensión de 100 euros o aceptar una compatibilidad de millones de euros? Depende de quién lo juzgue".

Unas declaraciones del presidente de la cámara baja que llegaban casi al mismo tiempo que las de los portavoces parlamentarios que tenían que justificar por qué se modifican las pensiones de unos, y no las de otros. Tras hacer un alegato en defensa de la austeridad, Soraya Sáenz de Santamaría respondía a la pregunta de Libertad Digital. "Si efectivamente hay que hacer un esfuerzo de austeridad pero estamos hablando de ex presidentes del Gobierno. De tres personas que están trabajado mucho por este país, que tienen una tarea de representación .Es un asunto que se reserva dentro de unos márgenes". La popular sí defendía su iniciativa frente a la de Bono: "El presidente del Congreso ha asumido esa iniciativa que nosotros hemos hecho, ha dicho que va a trasladar una iniciativa. Yo la analizaré y, si va en la línea de lo queremos en el PP, pues trabajaremos con quien quiera sumarse".

Los socialistas defendían el mismo discurso: sí quieren la modificación de las pensiones de los parlamentarios, pero no el régimen de los ex presidentes. Así se pronunciaba el portavoz del PSOE, José Antonio Alonso. "los ex presidentes pueden fichar por una multinacional o lo que sea y puede ser que tengan ingresos o patrimonios notables y está en su mano en renunciar al derecho". "¿Pero coincide con las palabras de Bono que dice que es peor esto que lo otro?", le preguntaba este diario. "No claro, creo que... no se... es que no he escuchado las palabras de Bono, yo le digo cuál es mi opinión".

Bono entra en campaña

La propuesta de Bono supone una ampliación que la anunciada el pasado fin de semana por Mariano Rajoy. Modificar las pensiones de los parlamentarios para "imitar a los españoles, ser ejemplares y procurar que no haya la más mínima sombra de penumbra en cuanto al patrimonio a las rentas y a las incompatibilidades", es el objetivo del presidente del Congreso. También lanzaba un reto a todos los grupos parlamentarios: endurecer el sistema de incompatibilidades y aumentar la transparencia. Para ello, les daba un plazo de quince días para que responder si quieren hacer públicos sus bienes patrimoniales y su nivel de renta.

¿Doble vara de medir?

Tanto PP como PSOE se han retratado también en referencia al voto particular de Rosa Díez en relación a las recomendaciones del Pacto de Toledo. En él, la portavoz de UpyD proponía lo mismo que PP y PSOE sobre las pensiones de los diputados pero, paradógicamente, ambas formaciones mayoritarias han votado en contra. El motivo es, según fuentes de ambos grupos, el procedimiento, no la cuestión de fondo. Al parecer la iniciativa de Rosa Díez "no se debería haber calificado porque le pide al Gobienro una ley de modificación sobre la que no tiene competencias".

Fuentes de la Mesa del Congreso han asegurado que esto "ha traído cola en la reunión de esta mañana de la Mesa. Ha habido mucho debate porque lo que pide Díez al Gobierno se lo podía pedir también a la Junta Directiva del Real Madrid". Según el reglamento de las Cortes Generales, esta decisión se puede modificar a iniciativa de la Mesa de Cortes Generales, es decir la que conjuntamente se celebra cada dos meses entre Congreso y Senado. De ahí que la iniciativa de Bono se haya desarrollado de forma paralela con el presidente del Senado, Javier Rojo, con los grupos de la Cámara Alta.