Algunos han sido acercados a cárceles del País Vasco, otros han recibido permisos penitenciarios para cursar estudios que le permiten abandonar a diario la prisión y muchos, simplemente, han quedado en libertad. Nos referimos a varios presos de la banda terrorista ETA o del entorno proetarra que desde los últimos meses disfrutan de una política penitenciaria más permisiva llevada a cabo por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Es el caso de sanguinarios terroristas como José Luis Álvarez Santacristina, alías Txelis, o Idoia López Riaño, conocida como la Tigresa. Sin embargo, desde el Ejecutivo se asegura que estos etarras no están recibiendo ningún trato de favor debido a la coyuntura política, a pesar de que son muchas voces las que creen que actualmente se está negociando con ETA y que estos privilegios están incluidos en esa negociación.
La prisión vasca de Nanclares de la Oca (en Álava) junto a las cárceles de Villabona en Asturias y la de Zuera en Zaragoza son donde el Ministerio que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba agrupa a los presos que Interior considera críticos con la banda terrorista.
El denominador común que une a estos etarras que ahora disfrutan de privilegios es haber mostrado de alguna manera arrepentimiento por su pasado criminal. La otra característica común en todo ellos es el daño que han hecho a personas inocentes, las víctimas del terrorismo.
Decisiones judiciales criticables
La primera excarcelación que provocó indignación entre este colectivo llegó de la mano de uno de sus jueces bandera del Gobierno de Zapatero, el magistrado de la Audiencia Nacional, suspendido de sus funciones, Baltasar Garzón. El polémico juez excarceló a Rafael Díez Usabiaga, veterano líder del sindicato proetarra LAB y uno de los nombres más destacado del entramado civil de ETA, para que pudiese dedicarse a cuidar de su madre en cumplimiento de la Ley de Dependencia. Para llevarlo a cabo, contó con la complicidad del testimonio de una edil del PSE en el Consistorio guipuzcoano de Lasarte, que certificó y avaló ante el magistrado que el dirigente proetarra era la persona que cuidaba habitualmente de su progenitora.
La realidad es que el proceso llevado a cabo por Garzón para excarcelar a Usabiaga fue una cadena de hechos plagada de mentiras, pues el juez dio por buenos documentos que no eran válidos y dio una importancia desorbitada al testimonio de la edil socialista a la hora de dejar en libertad al dirigente proetarra.
Tan sólo cuatro días después de que el que fuera máximo dirigente del sindicato proetarra LAB saliese a la calle, también era excarcelado Ignacio Gracia Arregi, Iñaki de Rentería. El que había sido número uno de la organización terrorista ETA hasta su detención en 2000 en la localidad francesa de Bidart –en el mismo sitió donde cayó el triunvirato etarra que conformaban los etarras Pakito, Txelis y Fiti– quedaba en libertad sin cargosal considerar los tribunales que las causas por las que se mantenía en prisión en España desde el año 2008 eran las mismas por las que ya había cumplido penas de prisión en Francia.
Sin apenas tiempo para asimilar los sobresaltos, se tenía conocimiento público de que el sanguinario terrorista de ETA José Ignacio de Juana Chaos se encontraba en paradero desconocido. Según informaba entonces la edición digital de la BBC, las autoridades norirlandesas llevaban más de un mes sin noticias sobre el paradero del terrorista, que debía presentarse a diario en comisaría. El Gobierno Zapatero se vio obligado a reconocer también que no tenía conocimiento del paradero del terrorista, lo que dejó de relevancia que las Fuerzas de Seguridad españolas no habían recibido la orden del controlar los movimientos en tierra irlandesa del sanguinario asesino. El pasado lunes, el juez Eloy Velasco archivaba provisionalmente la causa abierta por la Justicia española contra el etarra al encontrarse éste en situación de rebeldía.
Y tras la excarcelación del que fuera número uno del sindicato de referencia para los etarras, llegó el turno de hacer el gesto con el que fuera número uno del brazo político de ETA. Un permiso a Arnaldo Otegi para visitar a su padre en San Sebastián propició que el portavoz batasuno estuviese más de quince días en la prisión donostiarra sin autorización judicial, una situación que fue denunciada por Libertad Digital. Pese al silencio inicial del Ministerio del Interior e Instituciones Penitenciarias, Otegi tuvo que abandonar la cárcel de Martutene. Eso sí, Rubalcaba premió a Otegi trasladándolodesde la prisión madrileña donde cumplía condena, en Soto del Real, hasta el centro penitenciario de La Rioja.
Además, el pasado mes de diciembre la Audiencia Nacional lo absolvió de un delito de enaltecimiento del terrorismo por el mitín en el velódromo de Anoeta en 2004. Para el tribunal, la alocución del proetarra aquel día fue una forma de defender "la conveniencia y necesidad de un proceso de diálogo y negociación para la resolución del conflicto de manera pacífica y democrática". Aquel día Otegi se jactó ante los asistentes de participar en "un acto ilegal, de una formación ilegal y con un portavoz ilegal".
Cinco terroristas "casi libres"
Estos han sido algunos de los casos más sonados, pero no los únicos. En estos momentos, en régimen de semilibertad se encuentra los terroristas Luis María Lizarralde, Fernando de Luis Astarloa, Andoni Muñoz de Vivar, José Luis Álvarez Santacristina y José Manuel Fernández Pérez de Nanclares. Todos ellos accedieron a este beneficio tan sólo unos meses después de ser trasladados al penal alavés de Nanclares de Oca donde el Ministerio del Interior agrupa a los presos que han acreditado su rechazo a la violencia.
Durante sus salidas diarias participan en cursos de formación y desempeñan algún empleo con vistas a su reinserción. En algunos casos se trata de trabajos remunerados.
El segundo grado lo concede Instituciones Penitenciarias, es decir, el Ejecutivo, y lo hace con o sin el apoyo del juez de Vigilancia Penitenciaria, ya que éste sólo se pronuncia sobre la idoneidad de la concesión sin que su decisión sea vinculante. Además, la ley permite a un preso en segundo grado la posibilidad de disfrutar de hasta 36 días de permiso al año fuera de la cárcel a repartir entre un máximo de 6 cada trimestre en la mayoría de los casos.
En la actualidad hay varios presos en Nanclares que se acogen a este tipo de permisos con la esperanza de algún día acogerse también a la situación de semilibertad. En los últimos meses gozaron de varios días de permiso presos como Koldo Martín Carmona o Jesús García Corporales. El histórico etarra Kepa Picabea es otro de los que ha disfrutado al menos de tres periodos de permiso de libertad recientemente.
Una veintena de acercamientos
El número de acercamientos llevado a cabo en los últimos meses supera la veintena. En 2010 han sido trasladados a la cárcel de Villabona ocho presos: Juan Ignacio Delgado Goñi, Andoni Díaz Urrutia, Sebas Extaniz Alkorta, Anartz Oiarzabal, Asier Ormazabal, Sebastián Prieto, Francisco José Ramada y Gabriel Zabala Erasun. Por su parte, otros ocho han sido los trasladados a Zuera: Josu Amantes, Iñaki Bilbao, Mikel Egibar, Jokin Errazti, Iñaki Etxeberria, Kepa Etxeberria, Aitor Herrera y José Javier Zabaleta.
También han sido premiados por el Ministerio de Alfredo Pérez Rubalcaba, los etarras Sagrario Yoldi Múgica y José Luis Elkoro, que han sido trasladados a las cárceles de Nanclares de Oca (Álava) y Martutene (San Sebastián), respectivamente. El último beneficiado de la política penitenciaria del Gobierno ha sido al veterano dirigente etarra Valentín Lasarte, trasladado este mismo mes a la cárcel alavesa de Nanclares de la Oca.
Entre otras acciones, Lasarte fue condenado a 30 años de cárcel por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por el asesinato del teniente alcalde del PP en San Sebastián, Gregorio Ordóñez, el 23 de enero de 1995 cuando formaba parte del grupo Donosti de ETA. Precisamente, para protestar por este tipo de medidas la Fundación Gregorio Ordóñez será una de las que acuda el próximo día 5 a las 5 a la manifestación convocada por la víctimas del terrorismo bajo el lema "No más mentiras, no más treguas trampa".
Llamativo también es el caso de Fernando García Jodrá y Nerea Bengoa Ziarzolo, dos terroristas de ETA que formaron parte del grupo Barcelona de ETA que causó el terror en Cataluña a principio de los años 2000. Dentro de esa estructura de pistoleros de ETA asesinaron al edil del PP en Sant Adriá del Besos (Barcelona) José Luis Ruiz Casado; al ex ministro de Sanidad del Gobierno González Ernest Lluch; al edil del PP en Viladecans (Barcelona) Francisco Cano Consuebra; y al guardia urbano de Barcelona Juan Miguel Cervilla Valladolid. Además, intentaron atentar hasta en ocho ocasiones contra el periodista Luis del Olmo.
A ambos, la consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía les pagará un tratamiento de fertilidad, después de que ambos etarras no hayan conseguido engendrar un hijo en los bis a bis que han mantenido desde que fueron arrestados por la Guardia Civil, según se hizo público en diversos medios de comunicación el pasado mes de mayo. El tratamiento fue aprobado y se está llevando a cabo en el hospital público Reina Sofía, en Córdoba, provincia en cuya cárcel de Alcolea cumplen condena los dos asesinos.
Pero los permisos para engendrar no han sido sólo para personas. Jaione Intxaurraga Uribarri, la tesorera de Batasuna en Navarra, para la que la justicia pide ocho años de cárcel y que se encuentra en libertad bajo fianza desde que pagase 30.000 euros en 2002, recibió autorización por parte de la Audiencia Nacional para abandonar España y desplazarse hasta el sur de Francia para cruzar a uno de sus perros de competición.