Los alumnos de Cataluña tendrán que delatar a los profesores que les den clases en castellano
Mientras el Gobierno de Zapatero presume de su "democracia avanzada", en Cataluña, la Generalidad sigue firme en su objetivo de exterminar el castellano de la enseñanza. Surge ahora la figura del “coordinador lingüístico” que velará porque todas las clases se den únicamente en catalán. Para ello, dos delegados de cada clase tendrán que rellenar un cuestionario en el que se especificará el idioma en el que imparten sus clases los profesores. Los dos delegados están obligados "a firmar y responsabilizarse de la verdad de lo especificado".
(Libertad Digital) Según explica este martes el diario El Mundo, el Gobierno catalán preguntará a los alumnos, por medio de un coordinador lingüístico, y a través de un documento que habrán de rellenar dos delegados de clase, en qué idioma se imparten las clases, incluso en qué proporción se usa el catalán.
Conseguido el objetivo de que todas las asignaturas de Educación Primaria se expliquen en catalán –según la Ley de Política Lingüística de 1998, que establece que la única lengua vehicular de toda la enseñanza obligatoria es la catalana–, la Generalidad dirige ahora todos sus esfuerzos en que se haga lo mismo en Secundaria, aunque algunas asociaciones ya han denunciado que se está trabajando en este sentido con alumnos de Bachillerato. En este ciclo, entre un 30% y un 40% de los profesores utiliza el castellano en sus clases.
El rotativo refleja que este formulario-documento viene con instrucciones para rellenarlo correctamente: “Para cumplimentarla, tenéis que poner un 1 en la casilla que corresponda, o un 0,5 si nos dicen que lo hacen en ambas lenguas. En cada fila tiene que haber o dos veces un 1, o bien un 1 y dos 0,5, o bien cuatro 0,5. El tutor o profesor encargado rellena la encuesta con los delegados de los alumnos de cada grupo, o con un máximo de dos alumnos del grupo”.
“Comisarios lingüísticos”
Las reacciones en contra de estas medidas de control idiomático, una de las primeras de los coordinadores lingüísticos, de interculturalidad y de cohesión social del centro –que ya se conocen como “comisarios lingüísticos”– no se han hecho esperar por parte de los sectores que se oponen a que desde el Departamento de Educación de la Consejería que dirige Marta Cid (ERC) se elabore un decreto definitivo para que todas las clases se impartan en catalán.
Así, un profesor de Bachillerato se quejaba: “No les basta con exigirnos dejar por escrito en nuestro horario en qué lengua damos las clases. Han comprobado la poca fiabilidad de estos datos por el miedo del profesorado castellanohablante a las represalias y han recurrido a la utilización de menores de edad para delatar con su firma a los profesores que dan las clases en castellano. Porque los dos delegados han de firmar, están obligados a firmar y responsabilizarse junto al tutor de la verdad de lo especificado en esas hojas de delación lingüística”.
Desde la Generalidad se dice que “no hay voluntad de usar las sanciones como la vía para hacer cumplir la ley, pero todos los funcionarios están sometidos a un régimen disciplinario”, pero los docentes temen que con estos “comisarios lingüísticos” se generalicen los castigos a todos aquellos que no se plieguen a las intenciones de los nacionalistas.
“Se proponen las siguientes actuaciones...”
En este sentido, en un documento interno de un instituto catalán ya se sugería a los docentes en qué lengua debían relacionarse fuera de las aulas: “Se proponen las siguientes actuaciones: Conseguir que todo el profesorado capacitado para impartir las clases en catalán lo haga. Siempre está la excepción de Lengua y Literatura castellanas, pero no la lengua puente de los idiomas. La previsión mínima aceptable, nos daría: en primer ciclo de ESO se mantendría el 100% de las materias en catalán; en segundo ciclo de ESO y Bachillerato, tendríamos que garantizar que el 70% de las materias se impartiera en catalán, con la previsión de hacerlo extensivo al 100% en los próximos cursos”.
En esta propuesta también se recomienda “que el profesorado capacitado para hacer las clases en catalán mantenga el catalán como lengua de relación con el alumnado, el personal de Administración y Servicios y sus familias fuera del aula”.
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