El Gobierno español, que ha instado a sus ciudadanos a respetar la legislación vigente en el Sahara, ha dado por buenas las explicaciones del marroquí, que niega que fueran policías quienes agredieron a once de los activistas que desplegaron banderas saharauis y pancartas en una calle de la capital, y que los activistas despertaron una "cólera legítima"
Los activistas retaron al Gobierno a que si quiere reconocer la legitimidad de la ocupación marroquí en el Sahara, "que lo diga", porque la única legalidad en el Sahara es la legislación internacional y el respeto a los derechos humanos.
"No tenemos ninguna esperanza en el Gobierno español, confiamos en los ciudadanos libres, en la prensa libre y en que la presión internacional logre cambiar el rumbo del Sahara junto con la presión de los saharauis", explicaron los activistas en rueda de prensa.