L D (EFE) Los abogados que presentaron la denuncia contra Baltasar Garzón por las retribuciones que el juez recibió durante su estancia en Estados Unidos han advertido de que se querellarán contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si no investiga los hechos denunciados.
Los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón han informado este sábado de que han remitido un escrito al CGPJ en el que avisan de que la propuesta del servicio de Inspección del Consejo, que propone que se archive la denuncia por considerar que los hechos han prescrito y que Garzón "no ha cometido falta alguna", es un acto de "desobediencia" al Tribunal Supremo (TS), que ordenó investigar los cobros de Garzón entre 2005 y 2006.
Asimismo, advierten del posible ejercicio de acciones penales por "conato de acto criminal" en la propuesta de archivo sin investigación. "Consideramos que la misma, sin exageraciones, constituye un conato de acto criminal y no un informe fundado en derecho y regido por los principios de objetividad y neutralidad", dicen los denunciantes, que se reservan el ejercicio de "todo tipo de acciones y medidas legales".
También creen que no es posible apreciar la prescripción, ya que la denuncia reabierta por el Supremo se presentó en febrero de 2008, antes del plazo de dos años que terminaba en julio de ese año.
El pasado 9 de marzo, el TS archivó la querella por cohecho que Antonio Panea había presentado contra Garzón por estos hechos -a la que se adhirió después José Luis Mazón-, pero remitió el caso al CGPJ para que investigara si no haber comunicado a este órgano el cobro de 203.000 dólares en concepto de sueldo de la Universidad de Nueva York podía constituir una falta disciplinaria.
El informe del servicio de Inspección del CGPJ, que estudiará la Comisión Disciplinaria el próximo martes, cree que no hubo "engaño" o "falta de verdad" por parte del juez de la Audiencia Nacional, ya que en su solicitud explicaba que la Universidad le iba a retribuir por las actividades de docencia para las que pedía la licencia y la comisión permanente no estimó que el magistrado solicitara la compatibilidad para ejercer un segundo empleo.
Panea y Mazón entienden, sin embargo, que no se puede "transmutar" una infracción de la ley de incompatibilidades en un "sobreentendido permiso para cobrar segundos sueldos distintos al que ya cobraba de juez en activo".
"Garzón recibe apoyos políticos interesados de gestores públicos que pueden incurrir en prevaricación en unos tiempos donde las prevaricaciones empiezan a perseguirse. Si archivan desobedeciendo al Supremo, nos querellaremos contra los vocales del Consejo que voten a favor", afirman los abogados.