L D (Europa Press) El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, negó en la Comisión de Justicia del Congreso la existencia de negociaciones entre el Gobierno y ETA para acabar con el terrorismo, porque no se ha dado, explicó, la premisa impuesta por el Parlamento de que se produzca un cese inequívoco y definitivo de la violencia. Esgrimió también el argumento habitual de que el PP negoció con ETA, algo que, según el ministro, "resulta grotesco".
El ministro, que comenzó su comparecencia condenando el último atentado de ETA, aseguró que en la lucha contra el terrorismo no se ha producido "ni un segundo de desmayo" y siempre se ha mantenido "la guardia alta". El único cambio que se ha producido, aseguró, fue de Gobierno. Añadió que la política antiterrorista del actual es más eficaz, pero menos propagandística que la desarrollada por el PP cuando estaba al frente del Ejecutivo.
López Aguilar explicó que el Gobierno, "como todos los anteriores", continúa considerando que la política antiterrorista es la principal y la desarrolla mediante varios pilares, como la eficacia policial, la actuación de la Fiscalía y del Poder Judicial y dándole prioridad en las relaciones exteriores del Ejecutivo.
Así, destacó que "en esta legislatura, en la que aún no se ha llegado al ecuador", se han producido 212 detenciones de etarras y 200 de presuntos terroristas islamistas, así como se "han desmantelado seis redes de ETA". Añadió que había habido 41 explosiones de artefactos, sin muertos, pero con heridos. En cualquier caso, aseguró que "ETA está siendo derrotada por mérito de todos y presta mal servicio, por corrosivo para la democracia, decir que ETA está eufórica y que puede ganar la batalla", como si se hubiera anexionado Navarra y las provincias que reivindica. En su opinión, "es delirante que el PP sirva de altavoz a este mensaje" y pidió que "recupere la cordura" y la unidad entre los partidos democráticos.
En este sentido, el responsable del PP de Justicia e Interior, Ignacio Astarloa, reprochó al ministro la ruptura del Pacto Antiterrorista, lo que López Aguilar negó y recordó que cuando se propuso al PP celebrar una reunión, éste puso como condición que se acabara con el tripartito catalán. El ministro insistió en que durante el Gobierno del PP salieron a la calle 311 etarras, de los que 64 tenían condenas centenarias y uno de ellos, Iñaki Bilbao, asesinó después al concejal socialista Juan Priede, aunque no se puede achacar ninguna responsabilidad al PP, porque cumplió la legislación vigente en cuanto a excarcelaciones.
Por eso, calificó de "barbaridad" e "impropios de alguien que tenga la cabeza en su sitio" los argumentos de portavoces del PP de que la decisión del Tribunal Supremo de modificar su doctrina para que el etarra Henri Parot no salga de prisión hasta 2020, suponía darles la razón a ellos en detrimento del fiscal general del Estado.
En cuanto a por qué el Gobierno no instó la ilegalización del partido "paleomarxista" PCTV, el ministro dijo que, aunque no estuviera de acuerdo con su ideología, la ley de partidos políticos no se legisló para ilegalizar las formaciones cuyas ideas no se comparten, sino las que justifiquen y exalcen el terrorismo, lo que no ha ocurrido con el Partido Comunista de las Tierras Vascas, y sí pasó con Batasuna.
Ante la insistencia de Astarloa, que aseguró que "no hay un solo español que no tenga claro que PCTV es otro rostro de Batasuna-ETA" y que "es una humillación del Estado de Derecho que el terrorismo siga presente en el Parlamento vasco", López Aguilar replicó que le parecía "un planteamiento demagógico" que conduce a "la desesperada conclusión" de que "toda la izquierda abertzale es terrorista". Agregó que si los representantes y los 150.000 votantes de Batasuna son terroristas, el PP debería explicar por qué no están en la cárcel. Agregó que con este tipo de opiniones no se ganará la batalla contra el terrorismo.
Astarloa pidió al ministro que ordenara al fiscal general y a la Abogacía del Estado que lleven el dossier con datos sobre el PCTV al Tribunal Supremo para instar su ilegalización, a lo que López Aguilar le replicó que no se podía ilegalizar un partido, porque pidieran el voto para él miembros de una formación ya ilegal, ya que ello se podría convertir en una trampa para conseguir ilegalizaciones interesadas.