LD (Pedro de Tena) Manuel Pérez Yruela, que fue director de "encuestas" para el PSOE desde un organismo pagado con dinero de la Junta durante años - Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía -, marido de la ex ministra Carmen Calvo y actual portavoz del gobierno de Griñán, dijo este martes que la subvención de 10 millones de euros a Minas de Aguas Teñidas, SA, de la que Paula Chaves es apoderada, fue legal y que, por ello, no hay que aclarar nada más ni siquiera se resultó afectada la Ley de Incompatibilidades de la Junta de Andalucía.
Por tanto, el Ejecutivo andaluz no investigará de oficio esta ayuda, a diferencia de lo que hizo en el caso de Leonardo y Antonio Chaves. El silencio sepulcral va a extenderse sobre este asunto en Andalucía y, como suele decirse entre los políticos, de lo que no se habla, no existe.
A pesar de los dictámenes de la propia Junta y de la Fiscalía del TSJA, que coincidían en señalar que habría responsabilidad política si coincidieran en el tiempo que ambos familiares tuvieran cargos activos en los respectivos ámbitos, empresa y Administración, la Junta apuesta por el silencio segura, desde la mayoría absoluta que el PSOE tiene en el Parlamento andaluz, de que nadie podrá impulsar una Comisión de Investigación. Pero esto no cambia el hecho de que la Ley de Incompatibilidades de la Junta dice textualmente:
Artículo 7. Inhibición y abstención.
1. Los titulares de altos cargos están obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas, entidades o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiesen tenido alguna parte ellos, su cónyuge, pareja de hecho inscrita en el correspondiente Registro o persona de su familia dentro del segundo grado civil.
La Dirección General de Inspección y Evaluación no va a actuar de oficio, como sí hizo en el caso Climo Cubierta que afectó a dos hermanos de Chaves, Antonio José y Leonardo, para aclarar si hubo incompatibilidad por parte del ex presidente en la concesión de la subvención a Matsa.
"Son casos diferentes y la actuación no tiene por qué ser la misma", afirmó Yruela, para añadir que el Gobierno andaluz responderá sobre ese tema a la oposición en el Parlamento. La diferencia es que ahora es una subvención a fondo perdido y en el caso de los hermanos Chaves fueron contratos públicos. Y otra diferencia es que la relación de parentesco es ahora más intensa incluso: de padre-hija y no de hermanos.
Soraya Sáenz de Santamaría, anunció el registro de una petición de informes reclamando al ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, el expediente completo de la denegación de la subvención por parte de su departamento, que posteriormente concedió la Junta a Matsa. Y recordó que su grupo está "todavía esperando fecha y hora" para la comparecencia en el Congreso de Chaves, tras haberse mostrado este "con ganas de comparecer" el pasado fin de semana.
Por su parte, el presidente del PP-A, Javier Arenas, aseguró que su partido no olvidará tras las elecciones europeas la subvención a la empresa donde trabaja la hija del ex presidente andaluz, al considerar que se trata de "un abuso socialista, de aquellos que han ganado 30 años elecciones" y que creen "que tienen derecho a la impunidad".
Por esta razón, Arenas recordó que pedirán explicaciones por este asunto, que tendrá "dos derivas: una política en el Parlamento, en el Congreso y donde proceda, y otra de responsabilidades jurídicas, porque no es conforme a Derecho que uno cambie una norma a una empresa o a una familia".
Finalmente, el coordinador general de IUCA, Diego Valderas, pidió a Chaves que acuda al Parlamento por voluntad propia y asuma responsabilidades por el caso.