Lluvia de descalificaciones contra Cardenal por pedir que se denuncie el acoso a las sedes del PP

L D (Agencias) La actitud de Cardenal es, según ha declarado López Aguilar este martes a la agencia EFE, "sumamente desafortunada desde el punto de vista jurídico y reveladora desde el punto de vista político".

Tras asegurar que el fiscal general del Estado se ha caracterizado por su disposición "incondicional a servir al PP y al Gobierno y frenar aquellas investigaciones incómodas" para éstos, López Aguilar dijo que con su decisión demuestra que "hasta el último momento está dispuesto a prestar servicios descabellados" al Ejecutivo y a los populares.

"Es jurídicamente descabellado pretender que se pueden ejercer acciones penales contra los manifestantes de esa jornada", dijo el dirigente socialista; y después: "Se puede pensar que la expresión exasperada de ira y de protesta que significó acudir a la sede del PP fue inadecuada, pero de ahí a intentar calificar penalmente este comportamiento media un abismo, que señala la frontera entre el sentido común y el disparate".

 

Llamazares pide que se estudie si Cardenal ha incurrido en prevaricación
 
Por su parte, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, ha instado este martes a que se estudie si la decisión del fiscal general del Estado pudiera constituir una "presunta conducta de prevaricación". "(Cardenal) se va del cargo como llegó: siguiendo los intereses exclusivos del Gobierno" de José María Aznar, declaró Llamazares a la agencia EFE. Además, mostró  sus dudas sobre si la petición de Cardenal va "más allá de un nuevo servicio que presta al PP en su conocida calidad de 'Fiscal General del Gobierno'" para caer en el campo de una "presunta conducta de prevaricación".

"No se puede aceptar que Jesús Cardenal perpetre esta actuación para tratar de convertir en delito lo que fue una respuesta espontánea de los ciudadanos ante la manipulación y las mentiras que estaba realizando el Gobierno en vísperas de las elecciones por intereses que fueron electoralistas", agregó.

Llamazares añadió que, aunque su formación "no ha tenido nada que ver con esas respuestas populares", en IU "todos" se han sentido "en la piel de esos manifestantes, a los que expresamos nuestro apoyo y solidaridad por su expresión sincera de rebeldía pacífica".

También las fuerzas integrantes del Gobierno autonómico catalán: PSC, ERC e ICV-EuiA, han descalificado al fiscal general del Estado por pedir a todas las fiscalías que cursen las denuncias presentadas contra las concentraciones ante las sedes del PP en plena jornada de reflexión.

En una rueda de prensa celebrada este martes en el Parlamento de Cataluña, el portavoz parlamentario del PSC, Miquel Iceta, ha considerado "desafortunada" la decisión de Cardenal, y ha subrayado que éste "ha sido de toda la vida un instrumento no ya del Gobierno, sino de partido"; "nuevamente demuestra esta condición de instrumento estricto de partido", añadió, en referencia a la citada petición.

Por su parte, el portavoz parlamentario de ERC, Josep Huguet, ha asegurado que "por la misma regla de tres, quizá debería llevar a la fiscalía a los responsables políticos del Gobierno, que han tenido durante más 48 horas a 40 millones de españoles y muchos europeos bajo el riesgo de gravísimos atentados". A juicio del portavoz independentista, el Gobierno pudo haber llevado a esta situación "por no haber informado a la población y a las policías respectivas de la pista islámica radical"; "eso sí que es delito", remachó.

Asimismo, el portavoz parlamentario de ICV-EUiA, Joan Boada, ha dicho que "lo que no puede ser es que a última hora quieran criminalizar a los ciudadanos" que se concentraron ante las sedes del PP en plena jornada de reflexión. Boada también se apuntó a la tesis de que el fiscal general del Estado está "al servicio de Gobierno", y afirmó que Cardenal ha permitido "a veces", con sus actuaciones, "salvar de la justicia a personas fascistas".