Llamazares se suma a la teoría de la "cacería y el linchamiento" a Garzón

El diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha afirmado que detrás de la posible suspensión al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se encuentra un sector judicial que tiene "cierto temor" a las "consecuencias de la investigación del caso Gürtel" y que rechaza "cualquier investigación en relación al franquismo". Además, espetó de que si finalmente acaba apartándose al magistrado de la carrera judicial, se producirá tal "escándalo internacional" que se "verá al Tribunal Supremo como el antiguo Tribunal de Orden Público".

En declaraciones a RNE, Llamazares denunció "la cacería" y el "linchamiento" abierto, a su juicio, contra Garzón y que demuestra que "una parte del sector judicial no ha transitado a la democracia".

"Nos encontramos con una alianza por parte de sectores que tienen cierto temor a las consecuencias de la investigación del caso Gürtel", indicó, para señalar que esa alianza entre "extrema derecha y derecha está provocando una verdadera cacería contra el juez Garzón".

Para el portavoz parlamentario de IU, esta supuesta cacería es "una vergüenza" a nivel internacional que cuenta con la "colaboración inexplicable" del Consejo General del Poder Judicial, órgano que pretende "suspender a un juez sin que exista si quiera la acusación de la Fiscalía". "No tiene ningún precedente", remachó.

En esta línea, exigió que el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, explique en el Congreso de los Diputados el proceso contra Garzón y los motivos por los que el órgano de gobierno de los jueces "se suma a la cacería preventiva" contra un juez al que calificó como "honesto, valiente" y, aunque en ocasiones es "polémico", en definitiva, “cumple con su trabajo”.

A su juicio, si el proceso contra Garzón continúa en "el camino de las acusaciones franquistas" acabará con la suspensión del magistrado y con "una vergüenza" y "un escándalo internacional que verá a nuestro Tribunal Supremo como el antiguo Tribunal de Orden Público", concluyó en referencia al tribunal creado en 1963 por el régimen franquista para actuar contra delitos considerados políticos.