(Libertad Digital) En el primero, Elduain, todavía no se sabe si finalmente habrá un ayuntamiento regido por ediles o por representantes públicos designados por la Diputación Foral guipuzcoana. Al igual que en Lizartza, la ilegalización de las candidaturas proetarras sacó del juego electoral a los que han venido gobernado históricamente el consistorio: las franquicias electorales de ETA. Tampoco concurrieron esta vez ni PNV ni EA, que gobernaron los últimos cuatro años el ayuntamiento. Los populares obtuvieron un voto, lo que representa el cuatro por ciento de los sufragios, algo que a priori no es suficiente para acceder al reparto de concejales, pese a lo cual, el ministerio del Interior le otorga tres de los cinco concejales del consistorio, dejando los otros sin asignar. Es por ello que los populares vascos ya han mostrado su esperanza en poder guiar los destinos del consistorio durante los próximos cuatro años. Los votos en blanco fueron 24 (pedidos por los nacionalistas) y los nulos se elevaron hasta los 108 (pedidos por los proetarras). Habrá que esperar por tanto a saber si será el PP o una gestora quien esté al mando.
En Lizartza, el PP (única candidatura legal que se presentó) toma el bastón de mando gracias al apoyo de 25 vecinos, que consiguieron que los populares triplicarán el mínimo legal (5 por ciento) que se debe obtener para poder entrar en el reparto de concejales. Todo ello pese al llamamiento al voto nulo de los proetarras (186 sufragios) y al voto en blanco (142 sufragios) de los nacionalistas de PNV y EA, que gobernaban el consistorio desde 2003 hasta que Joseba Egibar decidió abandonar el pueblo por la puerta de atrás por la presión del entorno de ETA. Ahora sólo queda que el PP encuentre a siete personas dispuestas a dar la cara en la Guipúzcoa más profunda, puesto que la lista electoral de la localidad estaba compuesta por nombres de paja, militantes del partido de otras zonas de España –el cabeza de lista es un militante madrileño– que no van a tomar su acta de concejal.El último de los tres casos anormales será el de Irura. La ilegalización de las franquicias de ETA ha dejado sólo en liza a las planchas electorales de PP y PSE, que han sacado a penas una decena y una veintena de votos, respectivamente, lo que no les permite acceder al reparto de concejales. Este consistorio ha sido gobernado desde los inicios de la democracia por los acólitos de ETA. Con la Ley de Partidos, la coalición PNV-EA venció las elecciones pero renunció a sus actas de concejales, como también lo hizo el único representante del PSE, por lo que la anterior corporación de Batasuna-ETA gobernó el consistorio en funciones, algo que seguirá haciendo durante los próximos cuatro.
Tras unos comicios electorales, los ayuntamientos se conforman con los ediles que han salido elegidos de entre las listas que han obtenido más de un cinco por ciento de los votos emitidos en la localidad. Si esos concejales renuncian a la alcaldía es la anterior corporación municipal la que conforma una gestora y gobierna la localidad en funciones hasta la siguiente convocatoria electoral. En el caso de que la anterior corporación renunciase a gobernar el consistorio en funciones o si tales miembros están inhabilitados para hacerlo sería la Diputación a la que pertenece esa localidad la que nombra una gestora que dirija el ayuntamiento.