El Tribunal Supremo dio este miércoles el primer varapalo a Sortu rechazando por siete votos contra nueve la inscripción de esta formación en el registro de partidos del Ministerio del Interior.
La Sala del 61 adoptó esta decisión por una apretada mayoría y después de diez horas de tensas deliberaciones. Prueba de ello es que al auto que redactará en los próximos días el magistrado ponente, Carlos Lesmes, se sumarán los votos discrepantes de tres magistrados: José Luis Calvo, Manuel Alarcón y Rafael Gimeno Vallón.
Además, cabe la posibilidad de que otros jueces que estaban a favor de que Sortu puediera presentarse a las elecciones del próximo 22 de mayo en el País Vasco se adhieran a estos votos particulares.
Pero a partir de ahora, ¿qué vías le quedan a los proetarras para tratar de colarse en las instituciones? La primera de ellas, es recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional. Esto lo podrán hacer una vez que el Supremo le notifique a su procurador el auto donde se veta a Sortu. Para plantear en recursos tienen un plazo de 30 días desde entonces. Presumiblemente, el Alto Tribunal notificará dicha resolución judicial a mediados de la semana que viene.
Entonces, los batasunos tratarán de recurrir lo antes posible ante el TC. Este recurso es ordinario -que no electoral- por lo que en principio no tiene que ser tramitado de urgencia. No obstante, dado la trascendencia del asunto el interprete supremo de la Constitución puede darle prioridad y estudiarlo de inmediato o, por el contrario, tardar semanas o meses en hacerlo.
Mientras tanto, Sortu tiene muy presente una fecha en el calendario: el 18 de abril. Ese día expira el plazo para la proclamación de candidaturas de las elecciones municipales y forales. De llegar el recurso finalmente a ser estudiado por el Constitucional que prosperarse o no es algo incierto. Aunque hay que tener en cuenta que actualmente este órgano está constituido por una amplia mayoría de jueces progresistas -siete elegidos por el PSOE frente a cuatro conservadores- y que existe el peligroso antecedente de Iniciativa Internacionalista (II). En mayo de 2009 por primera vez que el TC no apoyó la ilegalización de una lista proetarra (II) que previamente había sido anulada por el Tribunal Supremo.
Agrupaciones de electores o EA
No obstante, no es decabellado pensar que los miembros de Sortu estén trazando ya en un plan B. Una opción consistiría en tratar de concurrir a las urnas a través de agrupaciones locales de electores, es decir, a través de listas blancas formadas por un conjunto de ciudadanos que se asocia temporalmente con el único fin de presentar su candidatura a las próximas elecciones locales y forales del País Vasco.
En caso de que los batasunos usen este segundo supuesto jurídico, la Fiscalía y la Abogacía del Estado tendrían que impugnar estas listas ante el Tribunal Supremo y comenzaría un nuevo procedimiento judicial que podría finalizar también en el Constitucional. A diferencia de Sortu, este recurso de amparo sí que se tramitaría de forma obligatoria por la vía de urgencia. Ese método ya fue utilizado sin éxito en las municipales de 2004 y 2007.
Otra posibilidad sería que los proetarras traten de tener voz de cara al 22M a través de partidos preexistentes ya inscritos en el registro del Ministerio del Interior. Esto mismo fue lo que hizo por ejemplo Batasuna con Acción Nacionalista Vasca (ANV) o el Partido Comunista de Tierras Vascas (PCTV), formaciones que ellos ya controlaban.
Ahora, en cambio, podrían tratar de colocar ‘candidatos independientes’ en las listas que presenten partidos afines como Eusko Alkartasuna (EA) o Alternatiba. Los informes policiales que han servido de base al Ministerio Fiscal y al Gobierno para presentar sus sendas demandas apuntan a que Batasuna tratará de colar candidatos "limpios" –sin antecedentes de conexión directa con la formación ilegalizada- en las próximas elecciones.