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Las reacciones a la posible excarcelación del etarra De Juana

El presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara, ha conseguido que sean 17 jueces los que decidan sobre la excarcelación del sanguinario etarra De Juana Chaos y no los tres que le condenaron. Será este jueves. PSOE (salvo Bono), ERC, Batasuna y la Fiscalía se han mostrado a favor de que la Justicia ceda al chantaje del terrorista. Las asociaciones de víctimas, sindicatos policiales, PP y CiU creen que crearía un grave precedente y que la situación del preso ha sido voluntaria. Planea la sombra de Miguel Angel Blanco. Nadie se planteó ceder al chantaje de ETA en esa ocasión.

L D (Agencias)  Este jueves, a las 9.30 horas, están convocados al estudio del tema de De Juana 17 magistrados de la Sala de lo Penal. Los ausentes serán el presidente de este órgano, Javier Gómez Bermúdez, que no puede votar por ser una de las personas a las que De Juana amenazó en los artículos publicados en el diario Gara que motivaron su condena, y Eustasio de la Fuente, por su condición de magistrado emérito. Fuentes de la Sala de lo Penal destacaron la especial relevancia de la cuestión, puesto que no existen precedentes de excarcelación de penados en situación de peligro de muerte causada, no por una enfermedad, sino precisamente por la propia actitud del reo. Cualquier decisión al respecto podría crear jurisprudencia, de ahí la necesidad de que el asunto se discuta por el Pleno. AMPLIACIÓN
 
Desde que este miércoles la Audiencia Nacional abriera la posibilidad a que el etarra fuera excarcelado por motivos de salud a causa de su huelga de hambre, las manifestaciones a favor y en contra se ha sucedido. Las partes implicadas han emitido informes distintos. La defensa del terrorista reclama que quede libre por "razones humanitarias" mientras que la AVT ha pedido que no se ceda a este "chantaje procesal". La última en pronunciarse ha sido la Fiscalía, que propone a la sección primera de la Sala de lo Penal que aplique la "prisión atenuada". AMPLIACIÓN
 
Desde el PSOE, si bien sus portavoces han pasado de puntillas limitándose a decir que respetarán lo que decidan los jueces, como por otra parte no podía ser de otra manera y es lo que hará todo el mundo, el presidente del partido, Manuel Chaves se ha decantado claramente. En un Estado de Derecho "no nos podemos dejar llevar por un espíritu de venganza" y consideró "razonable" una decisión del tribunal en la línea de "prisión atenuada o libertad provisional". Patxi López también se ha pronunciado: "Lo más importante", según el líder del PSE, "es salvar la vida" del etarra. AMPLIACIÓN.
 
Por su parte, la dirigente de la ilegalizada Batasuna Jone Goirizelaia manifestó que su organización "sólo contempla la inmediata puesta en libertad" del preso etarra porque "no hay ninguna razón, ni legal ni de otro tipo, para que esté en prisión". En la misma línea, el portavoz parlamentario de ERC, Agustí Cerdá, afirmó que la situación generada por la huelga de hambre "es fruto de un exceso que se cometió en su día en nombre del Estado de Derecho" cuando se impuso la "mano dura" contra el preso por dos artículos en prensa. Para Gaspar Llamazares sería "una decisión acertada y humanitaria" dejar salir de prisión al autor de 25 asesinatos.
 
En contra se muestran las asociaciones de víctimas. La AVT consideró "incomprensible" que un terrorista pueda "poner de rodillas a todo un Estado de Derecho". Desde el Foro de Ermua, Mikel Buesa recordó que la huelga de hambre "voluntaria" del etarra es "un claro chantaje al Estado".
 
Otras asociaciones como la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo (AAVT), Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), Asociación Valenciana de Víctimas del Terrorismo (AVVT), Asociación Gallega de Víctimas del Terrorismo (AGVT), Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (ACVT) y la Asociación Extremeña de Víctimas (AEVT) recordaron que "el terrorista asesino De Juana Chaos" tomó la decisión de hacer una huelga de hambre y "debería cargar con todas las consecuencias, del mismo modo que privó a sus víctimas de tomar la decisión sobre ser asesinado o seguir viviendo".
 
Desde los sindicatos policiales, el SUP consideró que aplicar un régimen de prisión atenuada al terrorista José Ignacio de Juana Chaos sería "como administrar justicia en una república bananera y ha reconocido que "se alegraría" de la muerte de De Juana. La CEP cree que "ni la huelga de hambre protagonizada por el criminal, ni sus secuelas" responden a "una situación de enfermedad sobrevenida", sino que, "este terrorista se encuentra en una situación precaria por voluntad propia". AMPLIACIÓN
 
El PP rechaza la posibilidad de que el etarra De Juana Chaos sea excarcelado por el precario estado de salud en que ha desembocado su huelga de hambre. María San Gil ha advertido que su puesta en libertad provisional sería un "escándalo democrático" porque la sociedad "no puede ceder ante un terrorista que ha asesinado a 25 personas". También ha recordado que De Juana "eligió voluntariamente asesinar y ha elegido voluntariamente ponerse en huelga de hambre". Martínez Pujalte ha descrito la situación como un "chantaje". Rajoy ya se pronunció el miércoles al preguntarse "qué ocurriría si todos los etarras hicieran lo que hace De Juana Chaos"."¿Qué tendrían que salir todos los etarras de la cárcel?", cuestionó. AMPLIACIÓN
 
El portavoz parlamentario de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, recordó que hay hospitales penitenciarios que pueden garantizar ese derecho a la vida. En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Duran i Lleida aseguró que se trata de una decisión judicial "compleja y difícil" pero añadió que un sistema democrático "no debe obedecer a chantajes de ningún tipo", sean "políticos" o "extrapolíticos". "Eso deben tenerlo en cuenta los jueces a la hora de tomar su decisión definitiva", apuntó. "Hay que respetar el derecho a la vida pero creemos que los jueces deben valorar si el derecho a la vida puede mantenerse incluso continuando recluido en una institución penitenciaria --continuó--. Se puede alimentar a una persona aunque él no quiera y, por tanto, el juez sabrá a partir de los informes médicos y hospitalarios si eso es posible o no".

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