Las claves de un escándalo "sin precedentes en la lucha contra el terrorismo"

Los nuevos datos aportados por la juez antiterrorista de Francia Laurence Le Vert a la Audiencia Nacional podrían suponer un vuelco en la investigación sobre el soplo a la banda terrorista ETA conocido como caso Faisán que tuvo lugar el 4 de mayo de 2006.

Según señaló el pasado mes de febrero la propia Sección Segunda de la Sala de lo Penal si el soplo a los terroristas fue realizado por miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los hechos "adquieren una gravedad sin precedentes en la lucha contra el terrorismo en España".

Por este motivo, la Audiencia pidió a Baltasar Garzón –actualmente suspendido de sus funciones- que investigara de verdad el caso y desoyera la petición de la Fiscalía que el pasado 5 de octubre de 2009 pidió su archivo. Entonces, el Ministerio Público consideró "agotada" la investigación porque no pudo determinar quién informó a la banda terrorista de la operación contra la red de extorsión que se iba a producir en un local de Irún, el Bar Faisán, en la que los etarras recibían el dinero procedente de la extorsión.

En pleno escándalo por la decisión del fiscal, tres días después Antena 3 informó de que el autor del soplo fue el propio inspector jefe de la Policía encargado de llevar a cabo la investigación del chivatazo a la red de extorsión de ETA: Carlos G. El mismo que, según los sindicatos policiales, era el encargado de controlar las cámaras de seguridad que vigilaban el domicilio y el bar de Elosúa, que podrían haber servido para identificar al agente que entregó el teléfono a Elosúa, pero que en el momento del soplo se encontraban apagadas. Los sindicatos policiales también expresaban sus dudas: "habría que investigar a los investigadores". Al día siguiente, 9 de octubre, trascendía que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, había condecorado con un distintivo rojo al mérito policial y pensionado de por vida precisamente a Carlos G.

El 19 de octubre, El Mundo publicaba que Interior relevó al responsable inicial de investigar el bar Faisán y después el chivatazo a ETA, José C., cuando comenzó a tener resultados y le reemplazó por un policía de menor rango y favorable al "proceso de paz", Carlos G. Ese mismo día, Carlos G. en el centro de la polémica, se defendía haciendo público un documento firmado ante notario, en el que negaba ser al autor de la delación, es más decía que fue él quien lo desveló, y acusaba a la Fiscalía de ocultar datos en la solicitud de sobreseimiento. Además, pedía que se levante el secreto de sumario y no se archive el caso.

Carlos G. explicaba en el escrito que en el momento de los hechos, el 4 de mayo de 2006, él se encontraba reunido con el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska, quien dirigía la operación contra ese aparato de financiación. El inspector se presentaba como víctima de "un linchamiento público" y mientras se mostraba agradecido a Garzón por "no haberme imputado ni a mí ni a mi equipo una vez que tuvo conocimiento del alcance, rigor, objetividad y exhaustividad de nuestra investigación", arremetía contra la Fiscalía. En concreto, negaba que la cámara que grababa el Bar Faisán dejase de funcionar justo el día en el que se produjo el chivatazo, como sostenía el fiscal, escrito de petición de archivo de la causa.

Es precisamente un detallado informe policial elaborado por el equipo dirigido por Carlos G. el que señalaría directamente a Víctor García Hidalgo, entonces Director General de la Policía, como la persona que ordenó el chivatazo al dueño del bar Faisán.

También destapó El Mundo que este informe tuvo entrada el 4 de septiembre de 2006 en el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, dirigido entonces por Baltasar Garzón. Sólo cuatro días después, el 8 de septiembre, Rubalcaba destituyó al frente de la Dirección General de la Policía a Víctor García Hidalgo. Obviamente, alguien filtró a Rubalcaba los informes elaborados por Carlos G.

Por otro lado, antes de abandonar la Audiencia Nacional al ser suspendido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el juez Baltasar Garzón trató de reactivar la investigación. En febrero de 2010 declaró en su juzgado el inspector jefe de la Policía que dirigió las primeras pesquisas sobre el soplo a ETA. Éste volvió a incriminar como principal acusado al que fuera director general del Cuerpo, Víctor García Hidalgo. Además, seis días antes irse de la AN, el juez estrella trató de cerrar el caso y tomó declaración al principal sospechoso. A partir de ahí, poco más se ha sabido de la investigación judicial llevada a cabo sobre el soplo a ETA.

El magistrado Pablo Ruz, que ahora dirige el juzgado de Garzón, trató de reactivar la investigación y volvió a cursar la comisión rogatoria a Francia donde el juez estrella pedía el tráfico de llamadas del bar de Elosúa y las actuaciones judiciales llevadas a cabo en el país vecino relacionadas con el escándalo. Ruz también solicitó a la juez antiterrorista gala Laurence le Vert los datos sobre las llamadas que tuvieron lugar en su país en los momentos previos al chivatazo. Francia ha tardado diez meses en responder a la solicitud de la Justicia española.

Ahora, habrá que esperar a ver si realmente estos nuevos datos ayudan a esclarecer quien avisó a los terrorista de ETA de que las Fuerzas de Seguridad francesas y españolas iban a llevar a cabo una operación conjunta contra su aparato de extorsión en mayo de 2006.