L D (Europa Press) El PPE argumenta que organizaciones "legalmente clasificadas como terroristas tanto por las instituciones españolas como por las de la Unión Europea vienen desempeñando un papel sobresaliente en el impulso de esta reivindicación, al mismo tiempo que continúan desarrollando sus actividades de extorsión y otras formas de terrorismo en las calles sin renuncia a la violencia".
El documento añade que "ante el papel protagonista que en el proceso abierto en España desempeñan organizaciones terroristas" se hace necesario recordar "la indignidad moral y política que supone cualquier clase de concesiones políticas a las mismas" y, por tanto, que la Unión Europea "no puede aprobar procesos que ponen en riesgo los principios de Democracia y Estado de Derecho y, en consecuencia, rechaza categóricamente cualquier pretensión de alterar la integridad territorial de un Estado miembro".
Finalmente, señala que, "desde la coincidencia plena con el sentir abrumadoramente mayoritario de las víctimas del terrorismo" considera que "no se han producido los cambios necesarios en la organización terrorista ETA ni se dan las condiciones establecidas en la resolución del Congreso de los Diputados del 20 de mayo de 2005 que justifiquen un cambio en la política antiterrorista definida por el pacto por las libertades y contra el terrorismo suscrito el 8 de diciembre de 2000 por las dos fuerzas políticas mayoritarias en España: Partido Popular y Partidos Socialista Obrero Español".
El miércoles, los Grupos socialista, liberal, izquierda unitaria, y verdes presentaron el borrador de resolución para que la Eurocámara apoye el proceso de paz en el País Vasco, en el que se incluye la condena a la violencia, la solidaridad con las víctimas del terrorismo, y una referencia a la resolución del Congreso de los Diputados de mayo de 2005 que fijó el marco del diálogo del Gobierno con ETA.
La resolución fue pactada por el líder de los socialistas españoles, Enrique Barón, con los eurodiputados de Convergència i Unió, Ignasi Guardans; del PNV, Josu Ortuondo; de IU, Willy Meyer, de ICV, Raül Romeva; y de los Verdes; David Hammerstein, y Bernat Joan, de ERC. De momento se desconoce si el texto será sometido al voto del pleno así como el formato final del debate, aspectos que deberá decidir la conferencia de presidentes --equivalente a la junta de portavoces del Congreso- el próximo 19 de octubre.
El texto dado a conocer por el PSOE, y que aún puede ser objeto de modificaciones, recuerda, en primer lugar, la declaración de los jefes de Estado y de Gobierno realizada en la cumbre de Bruselas de marzo de 2006, en la que el Consejo celebraba "la noticia dada por el Presidente del Gobierno español sobre el anuncio de un alto el fuego permanente hecho por el grupo terrorista ETA".
También se apoya la declaración del presidente de la Eurocámara, Josep Borrell, del 22 de marzo, tras el alto el fuego, a favor del proceso de paz en el País Vasco, y se pide a la Comisión y al Consejo "que actúen en consecuencia".
La resolución "condena la violencia porque es moralmente inaceptable y absolutamente incompatible con la democracia", expresión que figura también en la resolución aprobada por el Congreso de los Diputados el 20 de mayo de 2005 y "expresa su solidaridad con las Víctimas del Terrorismo". Finalmente "apoya la lucha contra el terrorismo y el proceso de paz en España en los términos fijados por el Congreso español.