(Libertad Digital) La querella presentada por el PSOE para salir de su crisis interna es ya para Simancas una de las escasas posibilidades que baraja. Abocado a unas elecciones, ha reclamado en una sola frase la presión social, política y judicial.
El portavoz socialista en la comisión Constitucional del Congreso, Diego López Garrido, para justificar la necesidad de más tiempo, dice que "hay que dejar trabajar a la Justicia" y "agotar todas las posibilidades" para que todos los partidos exijan el acta de los diputados rebeldes. "Hay que agotar todas las posibilidades -dijo López Garrido-, porque no queremos que se repitan las elecciones. No hay que repetir las elecciones en democracia". Pese a que teóricamente es imposible un éxito de los planteamientos jurídicos, apoyos no les faltan.
Mariano Fernández Bermejo es el fiscal titular del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. La querella presentada por el PSOE ha de pasar por sus manos al menos para decidir su admisión a trámite. En este sentido, cabe recordar el claro posicionamiento político del que ha presumido en varios medios de comunicación. Durante una entrevista en la cadena COPE, el día 30 de abril, confesó: “Soy un hombre de izquierdas y desde ese esquema actúo”. La última vez que lo hizo fue en forma de querella contra el ministro de Justicia, José María Michavila, por sus valoraciones sobre la aplicación de los juicios rápidos.
Bermejo, que fue asesor personal del ex ministro de Justicia socialista Fernando Ledesma, no esconde sus críticas al Gobierno. Además, el fiscal estuvo presente en la ya histórica sesión plenaria de la Asamblea de Madrid y, no en vano, su nombre figuraba entre las intenciones de Rafael Simancas para defender un cargo dentro de su gobierno regional. El próximo día 26 de junio, cuando entre en vigor el nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal, se procederá a renovar la Fiscalía, pero Bermejo seguirá en funciones hasta que se designe al sustituto. La “presión judicial” que reclama Simancas también se llevará a cabo a contrarreloj.
Carlos Jiménez Villarejo , fiscal Anticorrupción y tío de la que fue candidata a la alcaldía de Madrid, Trinidad Jiménez, es el siguiente ingrediente de esta estrategia. En este caso, es él mismo quien pide tomar parte en la investigación. La solicitud de Jiménez Villarejo se basa en la petición que hizo pública el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, para que se investiguen los motivos por los que los diputados díscolos del PSOE, Eduardo Tamayo y Maite Sáez, se ausentaron del pleno de constitución de la Asamblea madrileña. El pasado día 12, Llamazares remitió a la Fiscalía Anticorrupción y al fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sendas cartas en las que solicitaba "la puesta en marcha de los mecanismos procesales oportunos para promover la acción de la Justicia".
Se da la circunstancia de que el próximo día 26, Jiménez Villarejo cesará como fiscal jefe Anticorrupción, como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal. Así, como le ocurre a Bermejo, a Villarejo también le afecta la renovación. El nuevo estatuto limita el mandato de los fiscales jefes a cinco años, de modo que los que lleven ese tiempo o más en el cargo deberán cesar coincidiendo con la entrada en vigor de la citada normativa. No obstante, Villarejo también seguirá en funciones hasta el nombramiento de un nuevo fiscal jefe Anticorrupción.
Baltasar Garzón también se ha apresurado a reclamar la vía judicial como única solución al escándalo que sufre el PSOE dentro de sus filas madrileñas. Este jueves participaba en La Sorbona en la redacción de un texto contra la corrupción titulado “Declaración de París”. Cree el magistrado que “hay que llegar hasta las últimas consecuencias” en el caso de Madrid porque podría suponer “la deslegitimación del sistema democrático”. Añade que este escándalo es el más importante que recuerda tras unos comicios y sostiene que el Poder Judicial debe desempeñar un importante papel.
En teoría, una querella abocada al fracaso
Pese a todo, la querella del PSOE, además de su inconsistencia probatoria y defectos de forma, reclama unas medidas imposibles de aplicar con la ley en la mano. Pide la suspensión temporal de la condición de diputados electos para Tamayo y Sáez. Esto sólo podría conseguirse si mediara un auto firme de prisión. Es precisamente lo que buscan en su solicitud de medidas cautelares en forma de prisión provisional. Aducen los socialistas que podrían destruir pruebas. En ningún caso, el eventual proceso judicial es suspensivo, es decir, no paralizaría los plazos legales que se establezcan para ir a unas elecciones.
El portavoz socialista en la comisión Constitucional del Congreso, Diego López Garrido, para justificar la necesidad de más tiempo, dice que "hay que dejar trabajar a la Justicia" y "agotar todas las posibilidades" para que todos los partidos exijan el acta de los diputados rebeldes. "Hay que agotar todas las posibilidades -dijo López Garrido-, porque no queremos que se repitan las elecciones. No hay que repetir las elecciones en democracia". Pese a que teóricamente es imposible un éxito de los planteamientos jurídicos, apoyos no les faltan.
Mariano Fernández Bermejo es el fiscal titular del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. La querella presentada por el PSOE ha de pasar por sus manos al menos para decidir su admisión a trámite. En este sentido, cabe recordar el claro posicionamiento político del que ha presumido en varios medios de comunicación. Durante una entrevista en la cadena COPE, el día 30 de abril, confesó: “Soy un hombre de izquierdas y desde ese esquema actúo”. La última vez que lo hizo fue en forma de querella contra el ministro de Justicia, José María Michavila, por sus valoraciones sobre la aplicación de los juicios rápidos.
Bermejo, que fue asesor personal del ex ministro de Justicia socialista Fernando Ledesma, no esconde sus críticas al Gobierno. Además, el fiscal estuvo presente en la ya histórica sesión plenaria de la Asamblea de Madrid y, no en vano, su nombre figuraba entre las intenciones de Rafael Simancas para defender un cargo dentro de su gobierno regional. El próximo día 26 de junio, cuando entre en vigor el nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal, se procederá a renovar la Fiscalía, pero Bermejo seguirá en funciones hasta que se designe al sustituto. La “presión judicial” que reclama Simancas también se llevará a cabo a contrarreloj.
Carlos Jiménez Villarejo , fiscal Anticorrupción y tío de la que fue candidata a la alcaldía de Madrid, Trinidad Jiménez, es el siguiente ingrediente de esta estrategia. En este caso, es él mismo quien pide tomar parte en la investigación. La solicitud de Jiménez Villarejo se basa en la petición que hizo pública el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, para que se investiguen los motivos por los que los diputados díscolos del PSOE, Eduardo Tamayo y Maite Sáez, se ausentaron del pleno de constitución de la Asamblea madrileña. El pasado día 12, Llamazares remitió a la Fiscalía Anticorrupción y al fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sendas cartas en las que solicitaba "la puesta en marcha de los mecanismos procesales oportunos para promover la acción de la Justicia".
Se da la circunstancia de que el próximo día 26, Jiménez Villarejo cesará como fiscal jefe Anticorrupción, como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal. Así, como le ocurre a Bermejo, a Villarejo también le afecta la renovación. El nuevo estatuto limita el mandato de los fiscales jefes a cinco años, de modo que los que lleven ese tiempo o más en el cargo deberán cesar coincidiendo con la entrada en vigor de la citada normativa. No obstante, Villarejo también seguirá en funciones hasta el nombramiento de un nuevo fiscal jefe Anticorrupción.
Baltasar Garzón también se ha apresurado a reclamar la vía judicial como única solución al escándalo que sufre el PSOE dentro de sus filas madrileñas. Este jueves participaba en La Sorbona en la redacción de un texto contra la corrupción titulado “Declaración de París”. Cree el magistrado que “hay que llegar hasta las últimas consecuencias” en el caso de Madrid porque podría suponer “la deslegitimación del sistema democrático”. Añade que este escándalo es el más importante que recuerda tras unos comicios y sostiene que el Poder Judicial debe desempeñar un importante papel.
En teoría, una querella abocada al fracaso
Pese a todo, la querella del PSOE, además de su inconsistencia probatoria y defectos de forma, reclama unas medidas imposibles de aplicar con la ley en la mano. Pide la suspensión temporal de la condición de diputados electos para Tamayo y Sáez. Esto sólo podría conseguirse si mediara un auto firme de prisión. Es precisamente lo que buscan en su solicitud de medidas cautelares en forma de prisión provisional. Aducen los socialistas que podrían destruir pruebas. En ningún caso, el eventual proceso judicial es suspensivo, es decir, no paralizaría los plazos legales que se establezcan para ir a unas elecciones.