Según el Artículo 3º. 1. de la Ley de la Cámara de Cuentas de 1988, "corresponde a la Cámara de Cuentas de Andalucía, el ejercicio de las siguientes competencias: a) La regulación de cuanto afecta a su gobierno, organización y personal a su servicio, con la siguiente particularidad: La determinación de la estructura orgánica del personal al servicio de la Cámara, así como de sus retribuciones, corresponderá a la Mesa del Parlamento, sin perjuicio de las normas generales que puedan serle de aplicación".
Sin embargo, El Mundo publica que hay retribuciones de los miembros de la Cámara que no han sido determinados por la Presidencia del Parlamento. ¿Cómo es que no ha habido ni una sola protesta o denuncia de la Presidencia del Parlamento, siempre ejercida por un militante socialista desde 2004? ¿Es que se ha incumplido la labor de determinar las retribuciones de la Cámara?
El Mundo, por ejemplo, afirma que un complemento que viene a sustituir a las dietas tradicionales desde 2004 no es controlado por la Mesa del Parlamento pero legalmente nada de lo que se cobra en la Cámara puede ser eludido al control de la Mesa del Parlamento porque la ley no diferencia unas retribuciones de otras. Es decir, si hay elusiones o irresponsabilidades estas son de la entera competencia de la Mesa y la presidencia del Parlamento que ahora ostenta la socialista Fuensanta Coves. ¿O es que esos complementos han sido autorizados por la Mesa del Parlamento?
El periódico de Pedro J. Ramírez se refiere a unas indemnizaciones que se fijaron hace más de cinco años en sustitución de los gastos de representación y dietas y que durante este tiempo no han sido denunciadas por nadie, ni siquiera por la Mesa del Parlamento, que es quien debería haberlo hecho. Afirma El Mundo que la caracterización de esas cantidades como "otras indemnizaciones" permite a los miembros de la Cámara eludir el control parlamentario, pero la ley obliga a la Mesa del Parlamento a determinar las retribuciones de los miembros de la Cámara de Cuentas, no sólo a supervisarlas. Es de suponer, pues, que todas las retribuciones de la Cámara de Cuentas han sido determinadas por la Mesa del Parlamento so pena de que ésta haya incumplido sus obligaciones.
El Mundo se refiere a 59.400 euros anuales destinados a estos gastos por la Cámara. Tómese nota sin embargo de que la Junta de Andalucía destina a gastos protocolarios en los presupuestos que se debaten esta semana algo más de un millón de euros, una cifra bien alta si se tiene en cuenta además que todos los departamentos del Gobierno andaluz contemplan una partida para ello, como también las 112 delegaciones provinciales de las quince consejerías, el Parlamento, la Cámara de Cuentas, el Consejo Consultivo, el Consejo Audiovisual, el Instituto de Estadística o la Agencia de Defensa de la Competencia. Eso, aparte de dietas y gastos de representación.
Por ejemplo, el Parlamento destina a estos gastos 175.704 euros y de esta cantidad hay un capítulo específico para los actos protocolarios de los miembros de la Mesa dotado con 33.800 euros. La Cámara de Cuentas destina 27.200 euros para protocolo.
Finalmente El Mundo hace referencia a que ni el consejero mayor de la Cámara de Cuentas ni su consejo tienen sus declaraciones de bienes incluidos en el Registro Público de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos de la Junta de Andalucía, pero, como el mismo periódico añade, es que no están obligados a ello por la ley que elaboró en su día el PSOE y aprobó el Pleno del Parlamento. Sin embargo, se contrasta expresamente con el Consejo Consultivo, que sí está contemplado en la ley 3/2005 sobre incompatibilidades de Altos cargos. Por tanto, no es que los miembros de la Cámara no deseen transparencia y claridad sinoi que la Junta presidida por Manuel Chaves no quiso que los miembros de la Cámara de Cuentas tuvieran que hacer esta declaración pública de bienes. Sí lo quiso concretamente en el caso de los Consejeros electivos del Consejo Consultivo de Andalucía que desempeñen sus funciones sin exclusividad, del Presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía y de los representantes de la Junta de Andalucía en las Cajas de Ahorro y demás entidades de carácter financiero, siempre que desempeñen funciones ejecutivas.
Este ataque a la actual Cámara de Cuentas, presidida por el jerezano Rafael Navas, viene a culminar un proceso creciente de ataques por parte de quienes tienen un gran interés en cambiar a determinados consejeros de la Cámara que, aunque pueden ser reelegidos, no conviene al PSOE que lo sean. Por ejemplo, el consejero Mayor, Rafael Navas, elegido por consenso hace más de 14 años y que puede ser reeelegido nuevamente según la ley 2/1996 de 17 de julio. Pero Rafael Navas, cuyo consejo aprueba por unanimidad todos los informes realizados sobre fiscalización de la Junta, ha ido imprimiendo un carácter crítico a su mandato debido al desastroso funcionamiento de la Junta de Andalucía y, muy especialmente, sus empresas públicas. Dicho de otro modo, Rafael Navas no es el candidato preferido por el PSOE para esta nueva etapa.
Por ejemplo, el último informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas andaluza sobre la empresa pública Sandetel, a la que han pertenecido altísimos cargos de la Junta de Andalucía como el ex portavoz del gobierno, Rafael Camacho, y el primo de Gaspar Zarrías , José Carlos Alarcón Arévalo , fue aprobado con los votos de los miembros socialistas de la Cámara y ha supuesto un descomunal escándalo por las irregularidades detectadas.