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La OCU denuncia a los controladores por un delito contra el tráfico aéreo

La Organización de Consumidores (OCU) ha presentado este martes una denuncia contra el sindicato de controladores USCA y contra los responsables de la huelga "ilegal" ante la Audiencia Nacional.

El caos aéreo vivido el pasado viernes en los aeropuertos españoles por la huelga encubierta de los controladores ha llegado este martes a la Audiencia Nacional. La Organización de Consumidores (OCU) ha presentado una denuncia ante los juzgados de Instrucción de este tribunal contra el sindicato de controladores USCA y "contra quien sea responsable de la acción conjunta del abandono masivo de los controladores de su puesto de trabajo así como contra los que se demuestren colaboradores u organizadores" por los delitos de sedición, coacciones y falsedad documental.

La organización entiende que el "abandono masivo" de los controlares de sus puestos de trabajo en los aeropuertos en el inicio de "uno de los puentes más importantes del año" obedece a una huelga encubierta "claramente dirigida". "Parece obvio que los controladores siguieron indicaciones para no acudir a sus puestos de trabajo", dice en su escrito. Una medida "ilegal" que provocó que se cancelasen más de 2.700 vuelos y que perjudicó a más de 600.000 personas.

Asimismo, la denuncia sostiene que "parece curioso" que los miembros del USCA – actualmente, el sindicato agrupa al 97 por ciento de los controladores- "estén enfermos para acudir a su trabajo y sin embargo no lo estén para acudir a una Asamblea Permanente", en referencia a la reunión que mantuvieron horas antes de dejar desiertos los centros de control aéreos.

La OCU menciona que la actitud de estos trabajadores podría encajar en un delito contra el tráfico aéreo en su vertiente de sedición y también en la comisión de un delito de coacciones contra los intereses turísticos y contra miles de pasajeros ya que impidieron a miles de personas volar y los mantuvieron como "rehenes" durante horas en los aeropuertos. En la denuncia se añade que aquellos que presentaron informes médicos sin justificación "podrían haber incurrido en un delito de falsificación de documentos públicos y privados".

Por último, desde la Organización de Consumidores se pide a la Audiencia que cite a declarar en calidad de testigo al presidente de AENA, Juan Ignacio Lema.

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