A todos los problemas que ya tiene España, se suma desde este 2 de abril la interinidad de Zapatero y su Gobierno, y la guerra abierta por el poder dentro del PSOE. Si la petición de elecciones anticipadas ya estaba justificada antes de que el presidente del Gobierno comunicase su decisión, ahora con mucha más razón.
Es el presidente del Gobierno quien tiene la atribución constitucional de disolver las Cortes Generales y convocar elecciones generales. No necesita el apoyo de los grupos parlamentarios, sino que le corresponde a él exclusiva tal decisión. La Constitución establece que la las elecciones deben convocarse en un plazo mínimo de un mes y máximo de dos desde la disolución de las cámaras.
La normativa electoral permite que se convoquen varios comicios –ya sean municipales, autonómicos, generales o europeas– en una misma fecha, pero no permite que se celebren dos convocatorias electorales en el mismo territorio en fechas distintas sin un mínimo de tres meses entre una y otra.
De este modo, Zapatero podría decretar la disolución de la Cortes en esta misma semana y convocar elecciones generales el 22 de mayo, coincidiendo con las municipales, sin contravenir ni los plazos ni las condiciones que establece la normativa electoral y la Constitución española.