L D (EFE) El pasado 26 de febrero, en una rueda de prensa en San Sebastián, y con ocasión de un viaje de los Reyes al País Vasco para inaugurar el proyecto energético Bahía de Vizcaya, Otegui dijo que era "patética" y una "auténtica sinvergonzonería política" que el lehendakari hubiera inaugurado ese proyecto con Juan Carlos de Borbón, y señaló que "esa imagen vale por mil palabras". "Estar hoy inaugurando un proyecto con el Rey de los españoles, que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas españolas y por lo tanto mando último de la Guardia Civil, es absolutamente lamentable", y calificó al Rey de "jefe de los que han torturado", en alusión a los detenidos de Egunkaria.
Entiende la Fiscalía que esas expresiones "desvelan un claro ánimo de menospreciar, de atentar al honor ajeno", en este caso el Rey, ya que se utilizan "términos impropios y excesivos (...) y desvelan un claro carácter vejatorio y despreciativo hacia la persona de Su Majestad y lo que representa". Para la Fiscalía, las expresiones de Otegui no pueden quedar amparadas por los derechos constitucionales de libertad de expresión e ideológica y de representación política, que tienen ciertos límites y restricciones, y su condición de parlamentario "en absoluto le exime de responsabilidad en el uso de ciertas manifestaciones y expresiones".
"Por tanto -señala el texto de la querella de la Fiscalía- la condición de parlamentario no puede convertirse en patente de corso para decir cuanto estime oportuno y sobre todo si sus términos son claramente ofensivos, dirigidos con claro ánimo de menospreciar y atentar a la dignidad de la persona a la que van dirigidos". En opinión de la Fiscalía, es ésta la interpretación que se ajusta a la "verdadera voluntad" del querellado, "pues ¿qué otra podría darse al término jefe de los torturadores empleado?"
Estos hechos revisten "indicios racionales" de un delito de injurias al Rey, previsto y penado en el artículo 490.3 del Código Penal, según la Fiscalía que interesa la acreditación del Parlamento vasco de la condición de parlamentario de Otegui, al que se deberá tomar declaración sobre los hechos, y que se oficie a los diarios que publicaron sus declaraciones para que aporten un ejemplar original del día 27 de febrero.
Entiende la Fiscalía que esas expresiones "desvelan un claro ánimo de menospreciar, de atentar al honor ajeno", en este caso el Rey, ya que se utilizan "términos impropios y excesivos (...) y desvelan un claro carácter vejatorio y despreciativo hacia la persona de Su Majestad y lo que representa". Para la Fiscalía, las expresiones de Otegui no pueden quedar amparadas por los derechos constitucionales de libertad de expresión e ideológica y de representación política, que tienen ciertos límites y restricciones, y su condición de parlamentario "en absoluto le exime de responsabilidad en el uso de ciertas manifestaciones y expresiones".
"Por tanto -señala el texto de la querella de la Fiscalía- la condición de parlamentario no puede convertirse en patente de corso para decir cuanto estime oportuno y sobre todo si sus términos son claramente ofensivos, dirigidos con claro ánimo de menospreciar y atentar a la dignidad de la persona a la que van dirigidos". En opinión de la Fiscalía, es ésta la interpretación que se ajusta a la "verdadera voluntad" del querellado, "pues ¿qué otra podría darse al término jefe de los torturadores empleado?"
Estos hechos revisten "indicios racionales" de un delito de injurias al Rey, previsto y penado en el artículo 490.3 del Código Penal, según la Fiscalía que interesa la acreditación del Parlamento vasco de la condición de parlamentario de Otegui, al que se deberá tomar declaración sobre los hechos, y que se oficie a los diarios que publicaron sus declaraciones para que aporten un ejemplar original del día 27 de febrero.