La Justicia condena a la Generalidad por prohibir una concentración contra ETA
La Generalidad de Cataluña, presidida por José Montilla, ha recibido un importante revés por parte del Tribunal Superior de Justicia de dicha comunidad, al acusarle de vulnerar el derecho de manifestación de Convivencia Cívica Catalana. La concentración tenía como lema "ETA fuera de las instituciones" y su objetivo era expresar el rechazo de los ciudadanos a la presencia de ANV en las pasadas elecciones municipales. Para el colectivo, esta prohibición se debió al precio político que Zapatero ha tenido que pagar a los terroristas. Tras conocer la sentencia, Convivencia Cívica ha exigido la dimisión del consejero de Interior, Joan Saura.
(Libertad Digital) En un comunicado, Convivencia Cívica ha vuelto a denunciar el atropello de los derechos de los ciudadanos después que les fuera denegado manifestarse en la Plaza de San Jaime de Barcelona en contra de la presencia de ANV-Batasuna en las pasadas elecciones municipales.
Tras denunciar el hecho al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, éste les ha dado la razón y ha condenado a la Consejería de Interior de la Generalidad por vulnerar los derechos fundamentales de este colectivo.
Según Convivencia Cívica, la prohibición de la concentración respondió al precio político con el que el Montilla y el presidente Rodríguez Zapatero han pagado a ETA. Aseguran que el principal precio político del Gobierno Central se centró en la legalización del brazo político de los terroristas, la impunidad de sus actos delictivos, la excarcelación de sus militantes y el sacrificio de los derechos de los ciudadanos que se oponen a las acciones de ETA.
La asociación ha denunciado también que mientras que ETA puede celebrar concentraciones y manifestaciones en las cuales ensalzan sus acciones terroristas, a ellos se les prohibió manifestarse en contra de una política que consiste en suspender la aplicación de la ley.
Por todo ello, y tras recibir el fallo favorable de los tribunales han exigido la dimisión inmediata del consejero de Interior de la Generalidad, Joan Saura, que según el colectivo actuó como en un régimen dictatorial
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