La inusual presencia de Olga Sánchez en el interrogatorio a los peritos

Los peritos recuerdan también en su escrito que la sala de lo penal acordó la semana pasada remitir el asunto a los Juzgados de Madrid. El artículo 23 de la LeCrim establece que "si durante el sumario o en cualquier fase de instrucción de un proceso penal el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes entendieran que el Juez instructor no tiene competencia para actuar en la causa, podrán reclamar ante el Tribunal superior a quien corresponda, el cual, previos los informes que estime necesarios, resolverá de plano y sin ulterior recurso".

La ley prevé que, en cualquier caso, mientras no haya una decisión sobre la competencia el juez instructor "seguirá practicando las diligencias necesarias para comprobar el delito y aquellas otras que considere de reconocida urgencia". En este sentido, Garzón ha citado para el próximo jueves a la coordinadora general de la plataforma España y Libertad, Yolanda Morín, para que ratifique la denuncia sobre la supuesta falsedad de los informes policiales realizados en torno al ácido bórico encontrado en el domicilio de Hassan El Haski, uno de los procesados por los atentados del 11-M.

Además, el día 18 tiene previsto tomar declaración, ya en calidad de imputados, a los tres peritos que admitieron haber falseado la fecha del informe en el que relacionaban el hallazgo de esa sustancia en la vivienda de El Haski con otras intervenciones del mismo producto en un piso franco de ETA en 2001 y en el domicilio de un "antisistema" en 1999. Los peritos, Isabel López, Manuel Escribano y Pedro Manrique, también han presentaron un recurso de reforma contra el auto en el que Garzón les imputó un delito de falsedad en documento público, castigado con entre 3 y 6 años de prisión, pero las fuentes consultadas consideraron dudoso que sea admitido ya que aún no están personados formalmente en la causa.