(Libertad Digital) La dosificación de evidencias prepara el terreno para el gran golpe de efecto que el Gobierno de Rodríguez Zapatero dará justo antes de las Elecciones Generales: la iniciativa de ilegalización de ANV.
Se trata del mismo partido pro-etarra al que el Gobierno permitió presentar 122 listas a las últimas elecciones locales en el País Vasco y Navarra. El Tribunal Supremo hizo constar que no entendía por qué el Gobierno impugnó unas listas y otras no. Las razones, en efecto, no eran jurídicas, sino políticas. Según se ha conocido después, por medio de las filtraciones de ETA a su diario oficioso Gara, el Gobierno estuvo negociando en secreto con la banda terrorista hasta semanas antes de las Elecciones.
El Mundo señala este viernes que "las Fuerzas de Seguridad investigan decenas de cuentas municipales vinculadas a ANV con el fin de conseguir pruebas que fundamenten la ilegalización de este partido. Los agentes", asegura el mismo diario, "están analizando cuál es el destino del dinero del que esta formación dispone en los ayuntamientos que dirige y en aquellas instituciones en las que obtuvo representación en las últimas elecciones locales".
El Fiscal General del Estado ha dado orden de que se empiece a elaborar la demanda de ilegalización contra ANV y también contra el PCTV. También está a la espera de los informes policiales el juez Baltasar Garzón, "sobre el que recae", constata El Mundo "la decisión de adoptar medidas penales y que está de guardia esta semana en el juzgado número cinco de la Audiencia Nacional".
Los propios pro-etarras de ANV parecen contar con toda esta representación del Gobierno, la Fiscalía y el juez partidario, según se desprende de las declaraciones de sus portavoces. "Nos ha llegado la hora", dijo este jueves Arancha Urkaregi. Todo parece estar a punto para que el Gobierno dé el golpe de efecto justo a tiempo de las Elecciones Generales.