L D (Agencias) Efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado registraron en la tarde de este lunes una quincena de herriko-tabernas en las tres provincias vasca y en Navarra. Ocho de los locales se encontraban en el País Vasco y siete en Navarra.
En la provincia de Álava, se está registraron la herriko taberna de Vitoria, situada en la calle Ramiro de Maetzu, donde se encontraba la antigua sede de Batasuna-ETA, así como la ubicada en la localidad de Salvatierra. En Vizcaya, se registraron tres herrikos. Entre ellas está la de Durango, la de Portugalete, ubicada en la calle Casilda Iturriza de esta localidad, y la del barrio bilbaíno de Santuchu, ubicada en la calle Iturriaga.
En Guipúzcoa, los efectivos de las Fuerzas de Seguridad acordonaron en la parte vieja de San Sebastián, donde registraron dos herrikos. Lo mismo ocurrió en Zarauz, donde la Guardia Civil registró la herriko ubicada en la Plaza de la Música. En Navarra, se registraon dos herrikos en Pamplona, en los barrios de La Rochapea y La Txantrea, y una en cada una de las localidades de Berriozar, Tudela, Tafalla, Leiza y Alsasua.
Auto del Tribunal Supremo
Estos registros llegan después de que en la mañana de este lunes la Sala del 61 del Tribunal Supremo haya decidido por unanimidad que distintas comisiones judiciales procedan de inmediato a entrar en todas las herriko-tabernas del País Vasco y Navarra para proceder a inventariar los locales y bienes de las organizaciones ilegales Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna-ETA, en el proceso de liquidación de bienes que se sigue en ejecución de la sentencia de ilegalización dictada en marzo de 2003.
Para ello se llevarán a cabo exhortos a los juzgados correspondientes de los partidos judiciales en cuyo territorio se encuentren aquellas, lo que se hará por el conducto de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia del País Vasco y Navarra.
El auto, de 26 páginas, añade que esta medida "no afectará, por sí sola, al funcionamiento de las 'herrikos' como establecimientos de hostelería", "sin que esa entrada haya de prolongarse más allá del tiempo indispensable para su práctica coordinada y, en todo caso, por más de 72 horas, plazo que se considera adecuado".
El TS ordena también al titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que le remita la documentación relativa al sumario en el que investiga la supuesta financiación de ETA a través de las "herriko tabernas", presuntamente controladas por Batasuna-ETA, así como la emisión de un informe al respecto.
Se trata de medidas, según explica el auto, "encaminadas a la salvaguarda y aseguramiento de la plena eficacia de la ejecución de la sentencia" y que "prevengan el riesgo de desaparición del objeto material de la ejecución patrimonial". Ello, según el TS, no sería descartable, "habida cuenta de (..) la facilidad que cabría presuponer para que los bienes y derechos de las herriko tabernas pudieran ser sustraídos de la intervención judicial en tanto se sustancia la ejecución de la sentencia".
El marzo de 2003 la Sala Especial acordó la ilegalización y disolución de HB-EH-Batasuna, al estimar que estas formaciones han vulnerado la Ley de Partidos. La resolución de la Sala Especial del Supremo ordenaba la cancelación de las inscripciones de estas formaciones en el Registro de Partidos Políticos y añadía que, tras la notificación de la sentencia, HB-EH-Batasuna "deberán cesar de inmediato en todas sus actividades".
Liquidación patrimonial
El auto, de 26 páginas, añade que esta medida "no afectará, por sí sola, al funcionamiento de las 'herrikos' como establecimientos de hostelería", "sin que esa entrada haya de prolongarse más allá del tiempo indispensable para su práctica coordinada y, en todo caso, por más de 72 horas, plazo que se considera adecuado".
El TS ordena también al titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que le remita la documentación relativa al sumario en el que investiga la supuesta financiación de ETA a través de las "herriko tabernas", presuntamente controladas por Batasuna-ETA, así como la emisión de un informe al respecto.
Se trata de medidas, según explica el auto, "encaminadas a la salvaguarda y aseguramiento de la plena eficacia de la ejecución de la sentencia" y que "prevengan el riesgo de desaparición del objeto material de la ejecución patrimonial". Ello, según el TS, no sería descartable, "habida cuenta de (..) la facilidad que cabría presuponer para que los bienes y derechos de las herriko tabernas pudieran ser sustraídos de la intervención judicial en tanto se sustancia la ejecución de la sentencia".
El marzo de 2003 la Sala Especial acordó la ilegalización y disolución de HB-EH-Batasuna, al estimar que estas formaciones han vulnerado la Ley de Partidos. La resolución de la Sala Especial del Supremo ordenaba la cancelación de las inscripciones de estas formaciones en el Registro de Partidos Políticos y añadía que, tras la notificación de la sentencia, HB-EH-Batasuna "deberán cesar de inmediato en todas sus actividades".
Liquidación patrimonial
Además, se abrió un proceso de liquidación patrimonial de HB-EH-Batasuna tal y como se establece en el artículo 12.1 de la Ley de Partidos, que señala que "la disolución determinará la apertura de un proceso de liquidación patrimonial, llevado a cabo por tres liquidadores designados por la Sala sentenciadora. El patrimonio neto resultante se destinará por el Tesoro a actividades de interés social o humanitario".
Así, los liquidadores han elaborado un informe pericial en el que concluyen que "existen numerosos bienes y derechos que formalmente ostentados por asociaciones culturales y en algunos casos sociedades mercantiles que aparecen como titulares de las 'herriko tabernas' (..) pertenecerían en realidad material y efectivamente a la propia Batasuna".
Algunos de los indicios que plasman los liquidadores en su informe son documentos hallados en el ordenador del ex dirigente de KAS Xavier Alegría y sendos autos de la Audiencia Nacional por los que se acordó la clausura por dos años de dos de estos establecimientos en Usurbil (Guipúzcoa) y Zamudio (Vizcaya).
"La fuerza presuntiva del dictamen no reside únicamente en la autoridad, imparcialidad o prestigio de los liquidadores, sino en la materialidad del trabajo que efectivamente han desplegado", señala el Alto Tribunal.
Batasuna-ETA y las herrikos
Así, los liquidadores han elaborado un informe pericial en el que concluyen que "existen numerosos bienes y derechos que formalmente ostentados por asociaciones culturales y en algunos casos sociedades mercantiles que aparecen como titulares de las 'herriko tabernas' (..) pertenecerían en realidad material y efectivamente a la propia Batasuna".
Algunos de los indicios que plasman los liquidadores en su informe son documentos hallados en el ordenador del ex dirigente de KAS Xavier Alegría y sendos autos de la Audiencia Nacional por los que se acordó la clausura por dos años de dos de estos establecimientos en Usurbil (Guipúzcoa) y Zamudio (Vizcaya).
"La fuerza presuntiva del dictamen no reside únicamente en la autoridad, imparcialidad o prestigio de los liquidadores, sino en la materialidad del trabajo que efectivamente han desplegado", señala el Alto Tribunal.
Batasuna-ETA y las herrikos
El TS, además, abre un trámite de audiencia por un mes para que las partes se pronuncien sobre las medidas cautelares que podrían adoptarse para asegurar, en su caso, la efectividad de una posterior resolución de la Sala que acordara la liquidación patrimonial de los locales, bienes muebles y enseres de las "herriko tabernas".
Las medidas cuya eventual adopción se somete a la consideración de las partes son el embargo de los bienes inmuebles que constituyen el patrimonio de las "herrikos", que ya fueron embargados previamente en el sumario de la Audiencia Nacional en el que se investiga la supuesta financiación de ETA a través de las "herriko tabernas", así como su cierre.
Respecto al informe que el TS solicita a Garzón, el auto señala que esa información "es vital si se tiene en cuenta que los datos de que se disponen son a veces incompletos" y añade que se acordó la creación de una administración judicial de las "herrikos", que "no nos consta llevada a cabo".
La Sala Especial o del Artículo 61 está presidida por el presidente del TS, Francisco José Hernando, y compuesta por otros quince miembros, entre ellos, los presidentes de cada una de las cinco Salas que componen el Alto Tribunal (Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social y Militar) y los magistrados más antiguos y más modernos de cada una.