La Guardia Civil encuentra presuntos delitos en la constructora de Zarrías

6.350 expedientes de incentivos a 5.870 empresas. Miles, pues, de infracciones administrativas, un delito contra Hacienda y 25 de falsedad documental: ese es el resultado provisional de la Operacion Building que titula los resultados de la investigación de la Guardia Civil sobre el presunto fraude en las ayudas de la UE para la creación de empleo en Andalucía. Igualmente, está revelando la falta de control en la supervisión de las subvenciones por parte de la Consejería de Empleo. La cantidad supuestamente defraudada asciende a 23.387.846,47 euros.

La Guardia Civil encuentra posibles delitos contra la Hacienda Pública a la empresa sevillana Asistencial Geriátrica Andaluza Reifs SL, constructora selecta de Gaspar Zarrías, a la que la Consejería de Empleo concedió sendas subvenciones por 163.000 euros a cambio de contratar a 41 trabajadores para su geriátrico de Utrera que debían ser mantenidos en el empleo 4 años, pero despidió a 22 y no reintegró los 88.000 euros correspondientes que fueron recibidos. Fuentes del grupo Reifs, que aseguran desconocer estas diligencias, dijeron ayer a este periódico que la residencia de Utrera tiene hoy el "doble" de trabajadores que cuando se abrió en 2004 y que el 80% de la plantilla inicial aún se mantiene. Pero precisaron que el personal fue absorbido por otra empresa del grupo (Asistencial Reifs SL) y que este cambio, "firmado" por los trabajadores, fue comunicado a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Presuntos delitos de falsedad documental se sospechan en otras 23 empresas andaluzas por la "obtención fraudulenta" de incentivos por convertir contratos temporales en indefinidos. La irregularidad consistiría en cobrar la ayuda por la contratación de personas que "nunca" trabajaron para esas firmas. Las empresas, unas niegan y otras matizan.

La Fiscalía Superior insta a la Junta a actuar para la "recuperación de las cantidades indebidamente obtenidas" e imponer las sanciones pero las dificultades proceden la Consejería de Empleo no tiene los datos cruzados ni con la Seguridad Social ni con Hacienda. La Junta, cómo no, minimiza el fraude y el escándalo.