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La Generalidad constata “presuntas irregularidades” en la contratación de obras en la etapa de CiU

La empresa pública Adigsa, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalidad, ha constatado la existencia de "presuntas irregularidades" en la contratación de obras durante la etapa de gobierno de CiU a raíz de la realización de varias auditorías internas, según informó este jueves la Consejería en un comunicado. Adigsa denuncia que dos empresas cobraron facturas sin que hubiera ningún tipo de contratación.

l.d.
L D (Europa Press) En mayo de 2004, una primera auditoría de gestión interna encargada por la nueva dirección de Adigsa reveló "un importante volumen de obra que no había pasado el procedimiento reglado de contratación". Por ello, se procedió a realizar un estudio concreto de la contratación, que puso de manifiesto una serie de "presuntas irregularidades". Como consecuencia, el 20 de enero de 2005, Adigsa pidió otra auditoría sobre la compra que la anterior dirección realizó de 129 pisos del mercado libre entre mayo y noviembre de 2003 y que luego se rehabilitaron. La voluntad de este estudio tan específico era "documentar las presuntas irregularidades y analizar el sobreprecio pagado en la rehabilitación" de estas viviendas.
 
El resultado ha sido que las empresas Demastir --cuyo propietario denunció el incremento de las facturas por parte de Adigsa-- y Reluxex, representadas ambas por José Antonio Salguero, "cobraron diferentes facturas por la rehabilitación de una parte de los pisos adquiridos por la antigua dirección de Adigsa". Dichas facturas "se pagaron sin que constara ningún procedimiento de licitación ni contratación entre Adigsa y las mencionadas empresas, ni con José Antonio Salguero".
 
La tasación de estos 129 pisos la realizó José María Penín, pariente lejano del por entonces consejero de Política Territorial, Felip Puig. Entre mayo y noviembre de 2003, Penín "cobró diversas facturas", firmadas por la antigua dirección de Adigsa "sin que conste ningún contrato mercantil ni laboral al respecto". Según la Consejería, esta información figuraba en el informe de gestión de la Generalidad del pasado 28 de diciembre. Precisamente, Salguero asegura que era el propio Penín quien se encargaba de vehicular el pago de las facturas, que condicionaba a que Demastir aceptara aumentar su importe en un 20% en algunos casos.

En cuanto a la denuncia de Salguero, la Generalidad explicó que "se ha dirigido en numerosas ocasiones a Adigsa para cobrar unos encargos efectuados supuestamente por la anterior dirección" que, "en ningún caso", acompañó de la documentación correspondiente. El 17 de junio de 2004, Salguero, mediante conducto notarial, volvió a requerir a Adigsa el pago de 355.540 euros por las obras de rehabilitación efectuadas en 24 viviendas de Artesa de Segre (Lérida). También por vía notarial, la empresa pública respondió que "no tiene constancia documental en relación a ningún proceso de contratación" con Demastir, por lo que "no reconoce la deuda". Hasta hoy, añadió la Generalidad, "ni Demastir ni Salguero han interpuesto ningún tipo de reclamación, por la vía civil ni administrativa, de las deudas impagadas de Adigsa".

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