La Fiscalía y Garzón se alían para congelar la investigación del salvoconducto a etarras
La Fiscalía quiere que la investigación del salvoconducto a los etarras Jon Iurrebaso y Kepa Suárez recaiga en Baltasar Garzón y no en Juan del Olmo o Fernando Grande-Marlaska. El País cuenta este martes la pugna sorda abierta en la Audiencia Nacional por el control de un documento que probaría que el Gobierno mantenía línea directa con ETA tres meses después del asesinato de Carlos Estacio y Diego Palate. Según L'Express, el Gobierno español ya utilizó una línea caliente con la Prefecturía francesa para interesarse por su liberación, ya que iban a reunirse al día siguiente con enviados de Rodríguez Zapatero en Suiza.
(Libertad Digital) El Ministerio Público ha emprendido diversos trámites para evitar que las diligencias por el supuesto salvoconducto a dos etarras detenidos en Francia el pasado 29 de marzo puedan ser practicadas por los jueces de la Audiencia Nacional Juan del Olmo o, sobre todo, por Fernando Grande-Marlaska.
Según se desprende de una información con la que El País abunda este martes en la turbia historia de los papeles incautados a Jon Iurrebaso y Kepa Suárez al ser detenidos en Périgueux, la Fiscalía está especialmente interesada en que los papeles vayan a parar al juzgado de Baltasar Garzón, un juez que se ha significado por congelar otros escándalos del Gobierno, como el llamado chivatazo a ETA.
Garzón y la Fiscalía están practicando todos los trámites que la organización interna de la Audiencia Nacional prevé para los conflictos de competencias entre juzgados.
El diario gubernamental daba a conocer el lunes que los etarras detenidos el pasado 29 de marzo en Francia, tras intentar huir de un control de carreteras en Perigueux, llevaban anotados tres números de teléfonos. Uno de ellos se comprobó que corresponde a un alto cargo del Ministerio del Interior francés. Y de los otros dos, se sabe que corresponden a tarjetas pre-pago españolas.
En su declaración ante la juez Laurence Le Vert, Iurrebaso aseguró que pertenecen a altos cargos del Ministerio del Interior de España. La veracidad de esta declaración es lo que deben comprobar ahora los jueces españoles, a partir de una Comisión Rogatoria enviada por la juez anti-terrorista francesa.
El País también contaba, de pasada, que L'Express ya había revelado en abril que el Gobierno de España utilizó una línea telefónica caliente con el Ministerio del Interior de Francia, habilitada en el verano de 2006 y nunca utilizada hasta entonces, para interesarse por la puesta en libertad de los dos etarras detenidos, que iban a reunirse al día siguiente en Suiza con enviados del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
La respuesta del Gobierno francés fue encogerse de hombros y transmitir a sus corresponsales españoles que nada podían hacer por Iurrebaso y Suárez, al estar ambos a disposición de la Justicia francesa por delitos cometidos en ese país –intentaron saltarse un control policial, la matrícula del Peugeot en el que viajaban era falsa e iban armados–.
Lo que se desprende, ahora, de la nueva entrega informativa de El País es que hay una pugna abierta en la Audiencia Nacional por investigar los números de teléfono incautados a los etarras, y también que la Fiscalía y Garzón están muy interesados en que las diligencias no se asignen a Del Olmo ni a Marlaska, que las reclaman por distintas razones.
En el caso de Grande-Marlaska, el caso llegó a sus manos debido a que, cuando la juez Le Vert emitió la Comisión Rogatoria, era el magistrado que estaba de guardia en la Audiencia Nacional.
Según El País, la Fiscalía instó a Marlaska a remitir a Garzón la documentación, aduciendo que este juez "tenía procesado y en busca y captura a Suárez, acusado de integrar el aparato de captación de ETA".
La respuesta de Grande-Marlaska –siempre según el diario oficioso del Gobierno– fue enviar el caso al juez decano de la Audiencia, Ismael Moreno, para que lo sometiese a las normas de reparto.
Fue así como llegó a manos del juez Juan del Olmo, que ahora también quiere quedárselo.
Nuevamente, la Fiscalía hizo de secretario al juez Garzón, siguiéndole la pista al expediente e interesándose por todos los medios en que llegue a manos del magistrado afín al Gobierno.
Según El País, la Fiscalía "informó a Del Olmo de que Garzón ya investigaba el caso, pero éste lo ignoró. Grazón, a su vez, también a instancias de la Fiscalía, pidió a Del Olmo que se inhibiera en su favor. Pero lejos de hacerlo, Del Olmo rechazó la petición de Garzón y de forma insólita llegó a preguntar a la juez francesa si tenía algún inconveniente en que fuera él quien tramitase la causa".
Con este segundo capítulo el caso del salvoconducto etarra, El País termina de enseñar sus cartas y apuesta claramente por que la investigación de los dos números de teléfono a los que llamaban los etarras para pedir paso franco por España y por Francia caiga en manos de un juez que se ha significado abiertamente por su apoyo al llamado "proceso de paz".
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