L D (Agencias) En sendos autos notificados este jueves, Grande Marlaska acusa a Petrikorena y Barrena de integración en banda armada y les considera autores, en calidad de inductores, de los delitos de desórdenes públicos, coacciones y estragos terroristas, mientras que a Díez Usabiaga, secretario general del sindicato abertzale LAB, le imputa un delito de colaboración con organización terrorista.
Asimismo, decretó la libertad de la abogada habitual de etarras Arantxa Zulueta, para quien ni el fiscal ni las acusaciones pidieron medidas cautelares. La Fiscalía, igual que hiciera este miércoles con Juan María Olano, no solicitó medidas cautelares para ninguno de los cuatro imputados, mientras que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la asociación Dignidad y Justicia, que ejercen la acusación popular, pidieron el ingreso en prisión de Petrikorena, Díez Usabiaga y Barrena. El juez Grande Marlaska celebró sendas vistillas para estudiar la petición de prisión formulada por las acusaciones respecto de los tres imputados.
Petrikorena se encontraba en libertad bajo fianza de 100.000 euros desde el pasado mes de septiembre, cuando el magistrado le imputó en la causa en la que se investiga si el Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK-PCTV) se constituyó en sucesor de Batasuna-ETA, por lo que el juez ha considerado que su conducta es más grave al existir "reiteración delictiva".
Su situación, por tanto, era similar a la del ex responsable de Gestoras pro Amnistía Juan María Olano –en libertad bajo fianza de 100.000 desde el 20 de septiembre del año pasado en la causa en la que se investiga a su organización–, para quien el juez también ordenó este miércoles por la noche el ingreso en prisión incondicional.
En el auto en el que acuerda su encarcelamiento, Grande Marlaska dice que respecto de los hechos acaecidos el día 9 Petrikorena mantuvo "una postura activa, buena prueba de lo cual participó en distintas concentraciones y manifestaciones verificadas días previos y, lo que es más importante, tomó parte activa, con un papel preferente" en la rueda de prensa en la que se llamó a la huelga.
El juez repite los mismos argumentos en el auto en el que resuelve sobre Pernando Barrena, para quien sin embargo no ordena el ingreso en prisión porque "al día de la fecha no consta su imputación en otra causa, ni medida cautelar en su persona", por lo que no se estima que haya incurrido en reiteración delictiva. De Díez Usabiaga, el magistrado dice que "dio voz principal al frente político-institucional (de ETA), actualmente ilegalizado", que no comunicó la convocatoria de huelga a la autoridad administrativa y que "cedió sus siglas legales para dar la apariencia de legitimidad democrática", de lo que se desprende "su participación en el delito de colaboración terrorista".
El juez ha concedido a Usabiaga y Barrena una semana de plazo para depositar la fianza, y hasta entonces les ha impuesto la obligación de comparecer diariamente en la comisaría de la Ertzaintza más próxima a su domicilio. Una vez que hayan satisfecho la fianza, deberán comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el Juzgado de su localidad de residencia.
Por su parte, la abogada Arantza Zulueta quedó en libertad porque el único acto relacionado con la huelga en el que participó fue la citada rueda de prensa, y el magistrado cree que su presencia allí "bien podía obedecer a su condición de letrada del entramado terrorista". No obstante, la letrada queda sujeta a la causa y deberá comparecer ante el juez "cuantas veces fuera llamada".
Grande Marlaska tiene aún pendiente tomar declaración al portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, cuya comparecencia –prevista para el pasado lunes– se suspendió debido a la enfermedad que padece, una bronquitis que derivó este jueves en neumonía y que le obligará a guardar reposo domiciliario durante al menos otros diez días.
Cuando esté en condiciones de declarar, lo previsible es que el juez también ordene su ingreso en prisión, teniendo en cuenta que la Fiscalía ya ha anunciado que pedirá su encarcelamiento y que Otegi se encuentra en libertad bajo fianza de 400.000 euros desde el pasado mes de mayo, la misma situación en la que Olano y Petrikorena acudieron a la Audiencia Nacional.
Cuando esté en condiciones de declarar, lo previsible es que el juez también ordene su ingreso en prisión, teniendo en cuenta que la Fiscalía ya ha anunciado que pedirá su encarcelamiento y que Otegi se encuentra en libertad bajo fianza de 400.000 euros desde el pasado mes de mayo, la misma situación en la que Olano y Petrikorena acudieron a la Audiencia Nacional.