La Fiscalía se adapta a los tiempos y pide la prohibición de un acto pro-etarra
La llamada doctrina Pumpido, por la que la Ley debe adaptarse a las circunstancias políticas, sigue presidiendo la acción del Gobierno sobre ETA. Si hasta hace poco –según ETA, hubo negociación hasta semanas antes de las últimas Elecciones municipales–, todo eran facilidades para los actos de propaganda y amedrentamiento de los pro-etarras, ahora se persiguen con el mayor celo esos mismos actos, protagonizados por los mismos que antes eran tolerados. La Fiscalía ha pedido este sábado al juez Juan del Olmo que prohíba una manifestación convocada en San Sebastián por dos organizaciones pro-terroristas.
Según informaron fuentes jurídicas, el fiscal Ignacio Gordillo ha hecho esta petición al juez a la luz de los informes remitidos por la Comisaría general de Información de la Policía y que fueron requeridos ayer por Del Olmo con carácter de urgencia después de que la asociación Dignidad y Justicia pidiera la prohibición de este acto.
Según denunciaba esta asociación, en el recordatorio que se hizo de esta convocatoria en la edición digital del diario Gara del pasado día 3 "se refleja la vinculación con Batasuna", por lo que consideraba que este acto, previsto para las 17:30 horas de hoy, puede constituir "una actuación ilícita por vulnerar la suspensión de actividades" de la ilegalizada formación.
La asociación que preside Daniel Portero, hijo del fiscal Luis Portero asesinado por ETA, recordaba además a Del Olmo, que se encuentra esta semana de guardia, que el juez Baltasar Garzón ya prohibió la semana pasada las manifestaciones convocadas los días 28 y 31 de diciembre en el País Vasco que estuvieran promovidas por organizaciones ilegalizadas del entorno de la banda terrorista.
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