El juez Baltasar Garzón sostiene que Arnaldo Otegi, como máximo responsable del nuevo "referente político" sustitutivo de Batasuna, estaba encargado de "conseguir treguas encubiertas para Euskal Herria de acciones de ETA" para facilitar los contactos con formaciones políticas independentistas que condenan la violencia.
Según la documentación incautada, ETA dirigía la formación de una "alianza estretégica nacional" para forzar al Estado a asumir un nuevo proceso de negociación. Esta alianza entre partidos proetarras -que denominan Nación Organizada- integraría a EA, ARALAR, AB y ELA y excluye al PNV pretende "constituir una nueva mayoría social que sirva de base para superar el actual marco jurídico-político" y ofrece periodos de inactividad terrorista hasta que se suscriban los acuerdos necesarios, pero sin que éstos conlleven forzosamente el abandono de la violencia terrorista.
"No se trata de iniciar una apuesta por las vías políticas institucionales y democráticas, abandonando la violencia terrorista, sino, sencillamente, de adaptar ésta a la evolución de esta peculiar 'apuesta política', en la que los obstáculos no son superados mediante los votos, sino mediante las bombas", dice el juez.
Así se desprende del auto de prisión dictado por el magistrado de la Audiencia Nacional con el que ha ordenado el ingreso en prisión de Otegi, del ex secretario general de LAB Rafa Díez Usabiaga y de otros tres dirigentes batasunos acusados de intentar reconstruir la dirección de la formación ilegalizada y ha dejado en libertad a otros cinco, tres de ellos bajo fianza de 10.000 euros.
Según el magistrado, Otegi llevaría a cabo esta tarea "en cumplimiento de las directivas" de ETA y con el objetivo de facilitar "aproximaciones con formaciones o agentes políticos y sociales soberanistas o independentistas que se muestran contrarios a la violencia y que exijan su cese como requisito para continuar, si bien la actividad violenta continúa con el resto de España".
Tras los interrogatorios, que se desarrollaron durante cuatro horas y media, Garzón acordó dejar en libertad a cinco de los diez detenidos en esta operación: el histórico miembro de la Mesa Nacional Rufino Etxeberria y Ainara Oiz, a los que no impuso ninguna medida cautelar, así como Amaia Esnal, José Manuel Serra y José Luis Moreno Sagües, que tendrán que satisfacer una fianza de 10.000 euros.
Los otros tres imputados que ingresarán en prisión son la ex tesorera del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) Sonia Jacinto; Miren Zabaleta, hija del coordinador de Aralar, Patxi Zabaleta, candidata de ASB en 2007 y promotora de una página web (Gaztesarea.net) vinculada a SEGI; y Arkaitz Rodríguez, ex responsable de Haika en Álava.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 adoptó esta decisión después de que el fiscal Vicente González Mota reclamara finalmente el ingreso en prisión de seis acusados, entre ellos Otegi y Díez Usabiaga, y la puesta en libertad de otros cuatro durante las vistillas previstas en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM). A las puertas del tribunal se congregaron varios familiares de los detenidos como Patxi Zabaleta, que se encontraba visiblemente afectado por la decisión del juez Garzón.
Díez Usabiaga, que fue secretario general de LAB entre 1996 y 2008, declaró ante Garzón durante más de dos horas, aunque no pudo eludir la petición de cárcel planteada por la Fiscalía, según explicaron fuentes jurídicas. La petición de libertad para Etxeberria se explica, según fuentes fiscales, a que entre mayo y junio pasado, cuando presuntamente se cometieron los delitos, se encontraba en prisión en el marco de la investigación a la Mesa Nacional de Batasuna desarticulada en Segura (Guipúzcoa) en noviembre de 2007.
Los interrogatorios comenzaron alrededor de las 11.00 horas con la comparecencia de Ainara Oiz. A las declaraciones asistieron González Mota en representación del Ministerio Público y los abogados Jone Goirizelaia, Íñigo Iruin y Arantxa Zulueta en defensa de los detenidos.
Los diez comparecientes, que se encontraban en las dependencias de la Comisaría General de Información, fueron trasladados en vehículos camuflados del Cuerpo Nacional de Policía. Los cinco primeros detenidos llegaron a la sede de la Audiencia Nacional a las 9.15 horas y los restantes una hora después.
Según fuentes de la investigación, los dirigentes de la nueva Batasuna habían conformado un órgano denominado 'Bateragune (Todos juntos)' y estaban siendo vigilados desde febrero pasado, por lo que adoptaban grandes medidas de seguridad como entrar y salir de la sede de LAB --donde se realizaban las reuniones-- de manera escalonada. Según Garzón, ETA habría fijado las fases de su nueva estrategia, de manera que la presentaría a los agentes políticos y sociales este otoño y se haría pública para la primavera de 2010.
En la investigación también resultó de utilidad la documentación que se incautó al último gran ideólogo de ETA Ekaitz Sirvent, detenido el pasado mes de abril en París, que mostraría las relaciones de Otegi con la banda terrorista. La Policía también tiene constancia de viajes de Arnaldo Otegi al sur de Francia, donde los investigadores sospechan que pudo tener relación con responsables de la banda terrorista. En esos viajes al otro lado de la frontera, Otegi cambiaba varias veces de coche ante la sospecha de que pudiera estar siendo seguido y vigilado por agentes de la lucha antiterrorista.