El PSM mantiene en la Asamblea a dos diputadas acusadas de prevaricación

En un escrito con entrada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el pasado 30 de marzo, el fiscal acusa a Trinidad Rollán y a otros trece concejales -nueve del PSOE y cuatro del Partido Demócrata Español (PADE)- de haber aprobado un "convenio urbanístico" a pesar de que el secretario del Ayuntamiento y el interventor les advirtieron de su "ilegalidad".

El fiscal solicita la misma pena de "ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público" para los trece concejales más la alcaldesa que aprobaron ese convenio en el pleno municipal, entre ellos la también hoy diputada socialista en la Asamblea de Madrid Esperanza Rojas.

Según el escrito de acusación, el convenio lo suscribió el concejal de Urbanismo Francisco Martín Rojas en dependencias del Ayuntamiento, el 14 de septiembre de 2001, con la entidad Patrimonios Siglo XXI. En virtud de ese convenio, dicha sociedad "materializaría a su costa las obras de urbanización de terrenos propiedad del Ayuntamiento" en una unidad denominada "Mancha Amarilla" en el Plan general de Ordenación Urbana, por un monto económico previsto de 539.291.000 de las antiguas pesetas.

El secretario del Ayuntamiento, en un informe emitido el 23 de noviembre de ese año, advierte de la "ilegalidad" de ese convenio por no "ajustarse al procedimiento de concurso" y por "el fondo del negocio pactado". También el interventor emitió un informe en el mismo sentido, con la advertencia expresa de que "cualquier falsedad o tergiversación respecto al carácter y naturaleza jurídica de los bienes que se pretenda enajenar o permutar será punible con arreglo al Código Penal".

No obstante, el 26 de noviembre de 2001, el pleno del Ayuntamiento de Torrejón aprobó el convenio, que fue elevado a escritura pública el 20 de enero de 2002.

Los acusados por la Fiscalía son: Francisco Martín Rojas, Trinidad Rollán, Julia López Jiménez, María del Mar González Romero, Josefina Ginovart, María de los Desamparados Gallego, Francisco Montero Almirón, Lucía Tizón, Valentín Gómez, Luis Ceres, Juana Fernández Rodríguez, Félix Ortega Arias, Juan Francisco López Gárate y Esperanza Rozas.

En su escrito de diligencias previas, al que ha tenido acceso Efe, el fiscal solicita al TSJM la apertura de juicio oral por considerar que los hechos "constituyen catorce delitos de prevaricación".