La Fiscalía pide a la Audiencia que juzgue a 40 dirigentes de Batasuna por su subordinación a ETA

En su escrito, González Mota indica a la Sala que aunque son 43 los procesados en este sumario sólo puede decretarse la apertura de juicio oral para 40, ya que uno de los encausados, Jon Idígoras, falleció en junio de 2005; otro, Juan Antonio Urrutikoetxea, "Josu Ternera", se encuentra huido y un tercero, Jon Salaberria, permanece preso en Francia tras su detención en mayo.

A este respecto, el fiscal señala que para "Josu Ternera" y a Salaberria "procede acordar la suspensión de la causa hasta su entrega a las autoridades españolas", mientras que para Idígoras "deberá acordarse el archivo por extinción de la responsabilidad penal".

Una vez que las otras partes en el proceso -defensa y acusaciones- se hayan pronunciado acerca de la conveniencia o no de decretar la apertura de juicio oral, para lo que disponen de un plazo de 20 días, la Sala de lo Penal decidirá al respecto.

Si finalmente considera que debe celebrarse la vista oral, la Sala dará un nuevo plazo a las partes para que éstas presenten su escrito de calificación en el que expondrán la pena que solicitan para los procesados y después dictará el señalamiento de juicio, lo que no ocurrirá antes de un año, según las fuentes consultadas.

De los 40 procesados para los que el fiscal ha pedido la apertura de juicio, seis están en prisión, aunque el 30 de agosto quedará en libertad Otegi, que está encarcelado por otra causa: el cumplimiento de una condena por un delito de enaltecimiento del terrorismo.

Los otros cuatro presos son Joseba Álvarez, Joseba Permach, Rufino Etxebarría y Juan Cruz Aldasoro, detenido en octubre en la reunión celebrada en Segura (Guipúzcoa) en la que Batasuna trataba de recomponerse, y Karmelo Landa, arrestado el pasado 11 de febrero.

Esta medida fue prorrogada por otros dos años el 17 de enero de 2006 por el juez Fernando Grande-Marlaska, que sustituía a Garzón.

Esta medida no ha podido después ser prorrogada porque sólo puede tener una vigencia máxima de cinco años, pero Garzón emitió el pasado enero un auto que en el que explicaba que la ilegalización de Batasuna, acordada en 2003 por el Tribunal Supremo, impide a los 43 responsables de esta formación que están procesados en su juzgado por un delito de integración en ETA realizar cualquier tipo de actividad política.