LD (Europa Press) La sucesión de filtraciones a los medios de PRISA en relación a la operación Cacería es ya descarada. La cadena SER informaba este martes, antes de que la Fiscalía hiciera público su informe, que precisamente este miércoles iba a pedir a Garzón que se inhibiera, como finalmente ha sucedido. Y luego Conde Pumpido y el juez ex diputado del PSOE dicen que han abierto una investigación y que las filtraciones no salen ni de la Fiscalía ni del Juzgado número 5.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este miércoles al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que se inhiba en la causa por la que investiga la trama de corrupción relacionada con la operación Gürtel a favor de los tribunales superiores de justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid y de la Comunidad Valenciana.
Esto supondría que "la investigación de la totalidad del sumario recaería en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, salvo determinados hechos, perfectamente escindibles, que correspondería investigar al Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma de Valencia", indica el Ministerio Público en una nota de prensa.
La Fiscalía aclara que las dos fiscales encargadas del caso -Concha Sabadell y Miriam Segura presentaron esta mañana en el Juzgado Central de Instrucción número 5 este informe, que les solicitó Garzón para que se pronunciaran sobre los pasos a seguir en el caso de que pudiera haber imputados aforados en la causa.
La nota de prensa destaca que el Ministerio Público "respeta el carácter secreto de las actuaciones" por lo que se limita a manifestar que en su escrito solicita a Garzón "la elevación de exposiciones razonadas a los Tribunales Superiores de las Comunidades Autónomas de Madrid y Valencia. No obstante, la Fiscalía no explica los motivos que han conducido a Anticorrupción a realizar esta petición y se remite "a las razones que se exponen en el referido informe", que no se ha hecho público.
El pasado viernes, Garzón anticipó en el auto por el que rechazó la personación del Partido Popular (PP) en la causa que "existen serios indicios de que personas vinculadas a esa formación política podrían tener responsabilidad en esa causa o en aquellas otras que se incoeen tras la inhibición que se acordará por razón de aforamiento de algunas de ellas".
En su auto afirmaba que la resolución mediante la que se inhibirá de la causa "se producirá una vez concluya el análisis policial/pericial de los documentos y datos obtenidos en la investigación, al menos parcialmente". La investigación correspondería al Tribunal Supremo en caso de que los imputados fueran miembros del Gobierno y diputados nacionales y senadores y de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid o Valencia si ocuparan estos cargos a nivel autonómico.