L D (Europa Press) El acuerdo entre la Fiscalía y la defensa del terrorista callejero ha permitido rebajar la petición de condena. Si antes el Ministerio Público solicitaba 4 años de cárcel por tenencia de explosivos y 5 meses por desórdenes públicos, ahora la solicitud que se plasmará en la sentencia final se queda en 3 años y 3 meses. Se trata de la pena mínima de cada delito.
Está acreditado, según el fiscal y así lo ha reconocido Iñigo Makazaga, que el terrorista callejero, junto con otras personas ya condenadas, guardó materiales para confeccionar artefactos explosivos en un colegio de Vitoria. El 22 de julio de 1997 el grupo de proetarras se dirigió a una entidad bancaria de Vitoria cubiertos con capuchas. Sin embargo, no pudieron cometer el atentado porque los artefactos ardieron antes de ser arrojados. Este atentado era su forma de "protestar" por la muerte, en una cárcel de Albacete, del etarra Juan Carlos Hernández González. El propio acusado admitió en el juicio los hechos que se le imputan.
En un primer momento, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó para Makazaga en sus conclusiones provisionales una condena de 14 años de prisión por colaboración con banda armada y tenencia de explosivos. Pero fuentes fiscales han puntualizado que se trataba de un borrador realizado por otro fiscal que no había sido entregado oficialmente a la Sala como calificación jurídica.