(Libertad Digital) El juez Baltasar Garzón prohibió a las entidades Udalbiltzaren Elkartea, el Consorcio Udalbiltza y el Fondo Vasco de Cohesión y Desarrollo toda actividad "de cualquier naturaleza, pública, privada o institucional, y en todos y cada uno de los ámbitos". La resolución bloqueaba, además, sus cuentas bancarias y clausuraba sus locales y sedes.
La medida se decretó el 25 de junio de 2003 por un periodo de dos años ampliables a cinco. Después, el fiscal de la Audiencia Nacional solicitó a Fernando Grande Marlaska, que sustituía a Garzón, que prorrogara la medida tres años más, pero el 24 de junio de 2005, el magistrado sólo extendió la suspensión por dos años más. Ahora se tenía que haber prorrogado un año más, pero parece que sólo la asociación Dignidad y Justicia se ha dado cuenta y el 31 de julio presentó un escrito ante la Sección Primera de la Sala de lo Penal reclamando una nueva resolución.
Según informa La Razón, desde la Audiencia Nacional dicen que la Sala no puede acordar una medida de este tipo "si no la insta una acusación". Es más, fuentes de la Audiencia explicaban al diario que la Sala de lo Penal "sólo puede prorrogar una medida cautelar a petición de parte. Lo contrario sería un disparate, pues provocaría la recusación inmediata de todo el tribunal por contaminarse".
Esta petición ya la ha hecho Dignidad y Justicia "porque siguen concurriendo las mismas causas que en su día justificaron la suspensión" y ahora es la Fiscalía la que tendrá que instar a prorrogar un año más la medida cautelar. Entonces, la Sala de vacaciones tendrá que resolver la petición.
Del mismo modo, fuentes jurídicas explicaron a La Razón que no prorrogar la suspensión afecta al cierre de sus sedes, pero no a la clausura de sus cuentas bancarias.