LD (Luis del Pino) El sindicato de funcionarios Manos Limpias presentó una querella en 2006 contra el juez Juan Del Olmo y la fiscal Olga Sánchez ante el Tribunal Supremo, por consentir la destrucción de una prueba de cargo fundamental para la causa.
Los trenes del 11-M fueron destruidos a pesar de que nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal exige que las pruebas se conserven hasta la celebración del juicio, para permitir a las partes personadas realizar peritaciones y contraperitaciones de cara a aclarar cualquier extremo relevante de los hechos.
El análisis pericial de los explosivos ordenado por el tribunal del 11-M, que ha terminado sin resultados concluyentes debido a escasa cantidad de muestras disponibles, ha puesto de manifiesto que los trenes hubieran podido ser fundamentales para determinar el tipo de explosivo empleado en la masacre.
Los trenes no fueron las únicas pruebas destruidas. Pocas semanas después del 11-M, decenas de restos de aparatos electrónicos recogidos en los trenes fueron reducidos a polvo en una empresa de reciclaje de Madrid, mientras que centenares de prendas de ropa y artículos de todo tipo de los pasajeros de los trenes fueron incinerados en el vertedero de Valdemingómez, con el consentimiento, de nuevo, del juez Juan Del Olmo.
La querella de Manos Limpias, sin embargo, se limitaba al tema de la destrucción de los vagones atacados.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo, sorprendentemente, archivó el 1/12/2006 la querella de Manos Limpias contra el juez y la fiscal del 11-M.
El auto del Tribunal Supremo aducía que para existir delito por parte del juez y la fiscal tenía que demostrarse la existencia de mala fe en la destrucción de los trenes.
Pero el auto del Supremo, confirmado por un segundo auto el 28/2/2007, iba a más lejos: a propuesta de la Fiscalía, el Tribunal Supremo envió la causa a los juzgados de Madrid, para que se investigara si el sindicato de funcionarios Manos Limpias podía haber incurrido en un posible delito de denuncia falsa.
Ahora, el Juzgado nº 14 de Plaza de Castilla ha archivado la denuncia contra Manos Limpias, al no ver indicios de delito en la actuación de dicho sindicato de funcionarios.
Puesto que no existe delito de denuncia falsa, el Juzgado reconoce implícitamente que existía materia suficiente para la presentación de la querella, independientemente de que ésta fuera luego rechazada.
Se desbarata así la maniobra de la Fiscalía contra Manos Limpias, con la que se pretendía "castigar" a quien había puesto el dedo en una de las más sangrantes llagas de las investigaciones del 11-M: la de la destrucción de las pruebas de cargo de los atentados.