(Libertad Digital) Este jueves por la tarde se reunirá la Sala 61 del Supremo y analizará detalladamente el escrito remitido por el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, que ya se ha recibido en el Alto Tribunal. La Fiscalía y la Abogacía del Estado preparan los textos de las querellas que presentarán ante el Supremo contra el presidente de la Cámara vasca y, según fuentes jurídicas, la Sala no admitirá las excusas de Atutxa, de modo que lo más probable es que los jueces acuerden, según informó Efe , deducir testimonio a la Fiscalía por la posible comisión de un delito de desobediencia, al no hacer que se cumpliera una sentencia en firme del Alto Tribunal. Al tiempo, los magistrados también tendrán que valorar si inician un proceso contra los miembros de la Junta de Portavoces del Parlamento vasco que votaron en contra de la disolución del grupo de ETA-Batasuna.
Al parecer, la postura mayoritaria estima que Atutxa y otros miembros de la Cámara habrían incurrido en el delito de desobediencia, que lo cometen "las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales" y que conlleva una multa y pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis meses a dos años. Otro de los delitos que se plantearían podría ser el de prevaricación, que lo comete la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo. Este delito se castiga con una pena de inhabilitación especial de entre siete y diez años. La acción penal contra Atutxa también podría ampliarse al delito de malversación, ya que, al no disolver al grupo de Sozialista Abertzaleak, también se mantienen sus subvenciones públicas, lo que podría suponer que se están destinando fondos a un fin distinto al previsto.
Pero, según informa el diario ABC , la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado ha informado al fiscal, Jesús Cardenal, de que también existe la posibilidad de plantear la querella contra Atutxa en virtud de lo que dice el artículo 508 del Código Penal, que establece que “la autoridad o funcionario público que se arrogare atribuciones judiciales o impidiera ejecutar una resolución dictada por la autoridad judicial competente será castigado con penas de prisión de seis meses a un año, multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años”. El fiscal que se encargará del caso será José María Luzón, teniente fiscal del Tribunal Supremo.
Al parecer, la postura mayoritaria estima que Atutxa y otros miembros de la Cámara habrían incurrido en el delito de desobediencia, que lo cometen "las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales" y que conlleva una multa y pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis meses a dos años. Otro de los delitos que se plantearían podría ser el de prevaricación, que lo comete la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo. Este delito se castiga con una pena de inhabilitación especial de entre siete y diez años. La acción penal contra Atutxa también podría ampliarse al delito de malversación, ya que, al no disolver al grupo de Sozialista Abertzaleak, también se mantienen sus subvenciones públicas, lo que podría suponer que se están destinando fondos a un fin distinto al previsto.
Pero, según informa el diario ABC , la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado ha informado al fiscal, Jesús Cardenal, de que también existe la posibilidad de plantear la querella contra Atutxa en virtud de lo que dice el artículo 508 del Código Penal, que establece que “la autoridad o funcionario público que se arrogare atribuciones judiciales o impidiera ejecutar una resolución dictada por la autoridad judicial competente será castigado con penas de prisión de seis meses a un año, multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años”. El fiscal que se encargará del caso será José María Luzón, teniente fiscal del Tribunal Supremo.