L D (EFE) El Ministerio Público a través del escrito remitido a Nekane Bolado -que instruye el incidente de recusación-, afirma que el presidente del TSJPV, Fernando Ruiz Piñeiro, y los magistrados Antonio García y Roberto Sáiz, destacaron en su auto "la conciencia y la voluntad" de los acusados de "incumplir" la orden del Tribunal Supremo de disolver a Sozialista Abertzaleak. En su opinión, de esta forma, los miembros del tribunal que debían enjuiciar los hechos que se atribuyen al ex presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, al ex parlamentario de EA, Gorka Knörr y a la representante de EB, Kontxi Bilbao, en su calidad de miembros de la Mesa de la Cámara, "han valorado cuestiones de fondo sustancialmente idénticas a las que deben ser objeto de pronunciamiento en la vista pública".
En este sentido, recuerda que el auto del pasado 22 de febrero por el que revocó el archivo descarta ya "la concurrencia de la circunstancia prevista en el apartado 2 del artículo 410 del Código Penal" que prevé el delito de desobediencia a la autoridad judicial y que especifica que "no incurrirán en responsabilidad criminal las autoridades o funcionarios por no dar cumplimiento a un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de Ley o de cualquier otra disposición general".
Asimismo, subraya que la resolución judicial rechazó también que la orden emitida por el TS para que se disolviera a SA "haya sido emitida fuera del ámbito de competencia funcional", como argumentó la juez instructora.
"Igualmente, ha afirmado la conciencia y la voluntad de los imputados de incumplir el mandato judicial, descartando cualquier dificultad o mal entendimiento en el cumplimiento de la orden", indica. En este sentido, destaca que los jueces que resolvieron el recurso de apelación consideraron que la Resolución General de Presidencia, propiciada, en principio, para facilitar la disolución de SA, "fue más aparente que real, habiendo llegado los imputados a adoptar una solución que suponía dar artificiosamente entrada" de la iniciativa a la Junta de Portavoces, que luego la rechazó, "con el fin de obstaculizar el cumplimiento del mandato judicial".
La fiscal-jefe del TSJPV, María Angeles Montes, se remite a una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional del 22 de marzo de 2004 que resolvió "un tema similar" y que dictaminó que "se había vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías en el concreto contenido del derecho a la imparcialidad", ya que los mismos magistrados que juzgaban el caso "se habían pronunciado previamente en el auto por el que dejó sin efecto del archivo de la causa". Por ello, la Fiscal-jefe del alto Tribunal vasco señala que, "estando la imparcialidad judicial implícita en el derecho a un proceso con todas las garantías y constituyendo una exigencia que condiciona la existencia misma de la función jurisdiccional, el reconocimiento de este derecho exige que se garantice al acusado que no concurre duda alguna razonable sobre la existencia de prejuicios o prevenciones en el órgano judicial por haber tenido contacto previo con la cuestión a resolver".
En este sentido, cree que "la Sala ha tenido ocasión de examinar y valorar el tema a enjuiciar y lo ha hecho emitiendo anticipadamente conclusiones sobre cuestiones esenciales que habían de ser objeto de posterior enjuiciamiento, es decir, formando criterio sobre el 'thema decidenci'". La representante del Ministerio Público concluye que "existen duda razonables sobre la parcialidad del Tribunal llamado 'a priori' a tal enjuiciamiento", por lo que se adhiere a la causa de recusación presentada por los imputados y pide que se cree una nueva Sala con magistrados diferentes de los que dictaron el auto del 22 de febrero que revocó el archivo del caso.