La Fiscalía del Tribunal Supremo quiere repetir el juicio a los policías condenados por el caso Bono
El Gobierno aún no ha pedido disculpas a las dos personas detenidas ilegalmente tras asistir a una manifestación de la AVT, en enero de 2005. Sin embargo, la Fiscalía del Tribunal Supremo ya ha presentado un recurso contra la sentencia que condena a tres directivos policiales por este abuso. Según La Razón, la Fiscalía insiste en que hubo agresión al ex ministro José Bono, pese a que en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid quedó probado que los condenados falsificaron atestados y testimonios con el fin de forzar esa conclusión. La Fiscalía toma partido por las tesis del Gobierno y pide la revocación de la condena de dos años de cárcel impuesta a los tres policías. Además, la Fiscalía ha pedido que se repita el juicio con "un tribunal distinto".
(Libertad Digital) El diario La Razón ha tenido acceso al recurso interpuesto por la Fiscalía ante el Tribunal Supremo (en el que no se recurre la condena de tres años de cárcel a los tres policías por el delito de falsedad documental), por el que pide que se repita el juicio contra el comisario jefe Rodolfo Ruiz, el Inspector jefe Javier Fernández y el agente José Luis González. En concreto, se solicita a la Sala Penal que dicte una nueva sentencia "anulando la impugnada y ordenando la celebración de un nuevo juicio con tribunal distinto".
Además, de forma subsidaria, es decir, si no se estima lo anterior, la Fiscalía reclama que se les absuelva de los delitos de detención ilegal y coacciones, con lo que, de aceptarse el recuso en este sentido, los agentes tendrían que cumplir tres años de cárcel. En este sentido, la Fiscalía señala que los tres agentes actuaron "en el marco de una investigación policial" y que la detención de los dos afiliados del PP se produjo "en el curso de una causa penal por hechos con evidente apariencia de delito -agresión o intento de agresión- y existiendo indicios de la posible participación" en los mismos de Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz.
Tras apuntar que los militantes del PP acudieron de forma voluntaria a la Comisaría, la Fiscalía destaca que la detención "sólo duró el tiempo necesario para la información de derechos, recibirles declaración y, sin solución de continuidad se los dejó en libertad" y asegura que se trató de una "detención formal", pero en ningún caso existió el dolo específico para que pueda considerarse como ilegal. La Fiscalía cree que esa detención se limitó "a la privación de libertad deambulatoria necesaria para la práctica de diligencias, sin ninguna otra limitación añadida y habitual en dependencias policiales".
De esa forma, la actuación de los policías se puede considerar, para la Fiscalía, como proporcional "a la finalidad perseguida de esclarecer unos hechos delictivos calificados “a priori” como atentado a la autoridad o sus agentes". Por tanto, según la Fiscalía, la detención de los dos militantes del PP se ajustó "exactamente a los requisitos previstos en la Constitución española y a los desarrollados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal".
En cuanto al delito de coacciones, la Fiscalía pide que se anule porque el Tribunal que dictó la sentencia introdujo de oficio los hechos constitutivos de ese delito, por el que se condenó a Rodolfo Ruiz, "ejerciendo, por tanto, simultáneamente la función de acusar y juzgar, con las consecuencias derivadas de vulneración del derecho a ser informado de la acusación, indefensión y pérdida de la obligada posición de imparcialidad exigible a cualquier tribunal de Justicia".
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