La Fiscalía denuncia a los controladores por sedición

La acción de la Fiscalía, según las fuentes consultadas, no se dirige expresamente contra un número concreto de controladores, ni a los 26 que fueron citados a declarar por la propia Fiscalía madrileña ni contra el total de los 175 que podrían ser investigados, sino que denuncia a los controladores "en general".

La denuncia ha sido presentada en el Decanato de los Juzgados de Madrid, que la enviará a reparto, y en los próximos días se conocerá qué órgano judicial es el encargado de tramitar el procedimiento contra los controladores.

Hasta el momento, la única acción judicial contra los controladores por el delito de sedición es la querella interpuesta contra ellos por el sindicato Manos Limpias -sin representación en ningún centro de trabajo y dirigido por el ex responsable de Fuerza Nueva Miguel Bernad-, que ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid. Si se considera que los hechos y los denunciados son los mismos, la denuncia de la Fiscalía podría corresponder a este mismo Juzgado.

El delito que el fiscal imputa a los controladores también es el de sedición, previsto en el artículo 20 de la Ley de Navegación Aérea, que establece penas para los empleados de aeropuertos "que, en número suficiente para perturbar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones en la aeronave o el aeropuerto, en actitud de protesta, desobediencia coactiva o represalia". El Código Penal, en su artículo 545, fija que se impondrán penas de cuatro a ocho años de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por ese mismo tiempo a aquellos que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición.

La Fiscalía ha denunciado a los controladores después de recibir un informe de AENA sobre los hechos ocurridos los pasados días 3 y 4, que se ha unido a los informes policiales que incluían una relación de los controladores que no acudieron a trabajar. La investigación desarrollada hasta ahora por la Fiscalía se ha basado fundamentalmente en el contenido de esos informes, ya que los 26 controladores citados por el Ministerio Público en la Audiencia Provincial de Madrid los pasados días 9, 10 y 13 se acogieron a su derecho a no declarar.

En la querella de Manos Limpias se señala que los hechos motivo de la querella causaron "daños de todo tipo" a más de 300.000 pasajeros y, entre otras, a empresas que operan en los aeropuertos como son las de hostelería, por lo que fija inicialmente la responsabilidad civil en cien millones de euros.

Los Juzgados de Madrid serán también previsiblemente los encargados de instruir las denuncias que las asociaciones de empresarios y organizaciones de consumidores como OCU y FACUA han interpuesto contra los controladores por los perjuicios económicos causados por su postura, después de que la Audiencia Nacional se haya declarado incompetente para tramitarlas.