Por ello, si el magistrado decide que el acto convocado por Batasuna para el próximo día 21 debe ser prohibido por desobedecer la suspensión de actividades de la organización, tal como decretó el 26 de agosto de 2002 el juez Baltasar Garzón, es posible que se celebre una "vistilla" para que todas las partes presenten sus alegaciones y conozcan la decisión judicial al mismo tiempo.
La denuncia de la AVT ha sido trasladada al TSJPV
Al mismo tiempo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido remitir la denuncia que el miércoles presentó la AVT al TSJPV, que solicitaba que se impidiera el acto convocado por Batasuna, y se actuará contra sus organizadores por un delito de colaboración con banda armada, argumentando que esta formación fue ilegalizada por formar parte de ETA.
No obstante, tras estudiar la denuncia, Fungairiño ha considerado que los hechos que expone la Asociación podrían ser constitutivos de un delito de desobediencia y no de colaboración con banda armada, por lo que el órgano competente para investigarlos sería el TSJPV y no la Audiencia Nacional. Por ello, si se celebrase el congreso previsto para el día 21, se trataría de "una reunión de una organización ilegalizada o suspendida y, a partir de ahí, podría ser constitutiva de un delito de desobediencia".
Al no considerarse un delito de terrorismo, la investigación sería competencia del tribunal de la comunidad autónoma en la que se comete, independientemente de que sea consecuencia de los procesos de ilegalización y suspensión de Batasuna que se han seguido en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, respectivamente.