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La Fiscalía de la AN niega ser instrumento del Gobierno

Pese a actuaciones tan polémicas como en el chivatazo, en Egunkaria y en la excarcelación de De Juana, la Fiscalía niega estar instrumentalizada.

En un comunicado aprobado este viernes por la Junta de Fiscales de la Audiencia Nacional, los integrantes del Ministerio Público denuncian una "injusta" campaña llevada a cabo por "algunos medios de comunicación" contra ellos en la que "se cuestiona" su actuación jurídica en casos tan polémicos como el cierre del diario Egunkaria, la excarcelación del etarra José Ignacio de Juana Chaos o el chivatazo a la red de extorsión de ETA.

En el acuerdo adoptado este viernes por unanimidad, los fiscales de la AN afirman que "presentar a la Fiscalía como un órgano instrumentalizado por el Gobierno es faltar a la verdad". El Ministerio Público subraya que "esta visión obedece a fines políticos completamente ajenos a los criterios que determinan su actuación".

Por otro lado, los fiscales "lamentan muy especialmente que algún colectivo de profesionales integrados en la propia institución del Ministerio Fiscal se hayan sumado con idénticos fines a esta campaña mediática".

Esta respuesta de la Fiscalía, encabezada por el fiscal jefe Javier Zaragoza, se produce después de que el pasado 30 de marzo la Asociación de Fiscales (AF) considerara que las actas de negociación del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero confirma la existencia de una "instrumentalización política" del Ministerio Fiscal.

La AF calificó de "despreciable" el contenido de las actas levantadas por ETA sobre los encuentros que la banda mantuvo con intermediarios del Ejecutivo, en concreto la reunión del 22 de junio de 2006, en la que, según lo publicado en diversos medios, el Gobierno admitió que los fiscales estaban haciendo todo lo posible para mostrarse favorables al mal llamado proceso de paz.

En dichas actas también se hablaba de la salida del fiscal jefe de la Audiencia, Eduardo Fungairiño y su relevo por Zaragoza. Fungairiño señaló entonces que su cese estaba directamente relacionado con las conversaciones entre el Ejecutivo y la banda criminal.

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