El fiscal que pidió archivar el chivatazo a ETA reclama ahora que se investigue

Cambio de postura de la Fiscalía sobre la investigación del caso Faisán. En un escrito firmado este jueves por el fiscal Carlos Bautista, el mismo que se mostró favorable a archivar el procedimiento en octubre de 2009, se aceptan todas las pruebas solicitadas por la asociación Dignidad y Justicia en el marco de la causa que investiga el soplo policial dado a la banda terrorista en plena tregua trampa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Este giro de 180 grados protagonizado por el Ministerio Público se produce 72 horas después de que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ordenara investigar hasta el final "la delación policial tendente a evitar la detención de determinadas personas que estaban siendo investigadas por la Fuerza Policial".

Hasta este jueves, el fiscal siempre se había mostrado favorable a echar el cerrojazo a la investigación del chivatazo alegando falta de pruebas. En la causa están imputados el ex director general de Policía y dirigente del PSE en Álava Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y un inspector de la Brigada de Información de Álava, José María Ballesteros.

Sin embargo, en aras de rectificar o de lavar su imagen, Bautista dice ahora que las pruebas solicitadas por la asociación que preside Daniel Portero –la acusación popular- "no pueden ser consideradas impertinentes o inútiles en la medida en que pueden aportar algún dato o elemento complementario".

Identificar los teléfonos de Interior

Entre las diligencias a las que el Ministerio Público da el visto bueno se encuentra la declaración del primer instructor policial del chivatazo a la red de extorsión de ETA que se produjo el 4 de mayo de 2006 en torno al bar Faisán de Irún. Se trata del policía José Cabanillas, agente que posteriormente fue apartado del caso por el Ministerio de Interior y sustituido por Carlos G.

Por otro lado, el fiscal insta ahora al magistrado Ruz a que averigüe quiénes son los usuarios de los tres números de teléfono dependientes de la Subsecretaría de Interior con los que los presuntos autores del soplo mantuvieron diversas comunicaciones en los momentos previos y posteriores a que se filtrase a los proetarras que se iba a proceder a detener a la red de extorsión de la banda criminal, según consta en el sumario.

Además, en el informe de la Fiscalía se apoya que se solicite al Cuerpo Nacional de Policía que explique si existe otra investigación "a cargo de la Brigada de Régimen Interior", donde se haya investigado a los propios investigadores del soplo.

Asimismo, y sobre las pruebas ordenadas por Ruz relativas a las cintas de vídeo donde se grabaron las imágenes del bar Faisán, entiende el fiscal que "resultaría de interés que, de la misma forma que el instructor ha acordado que la Guardia Civil haga un informe complementario del ya hecho sobre la cinta de vídeo" -que grababa los movimientos que se producían en el establecimiento- "fuese realizado por la Guardia Civil otro informe complementario al que presente el equipo investigador de la policía sobre las llamadas efectuadas por dichas tarjetas prepago en el lapso señalado por el equipo investigador".

En relación con la ampliación de la pericial telefónica reclamada por el colectivo de víctimas, la Fiscalía cree que "sería conveniente" que los expertos aclaren "si existe la posibilidad técnica de que las llamadas salientes efectuadas en el entorno del bar Faisán (barrio de Behovia número 17 de Irún) "hayan sido redireccionados a un repetidor más lejano, indicando los casos en que dicho salto de repetidores pueda producirse". También quiere que "indiquen si en el área indicada, en la propia frontera, tienen cobertura las antenas francesas de telefonía móvil".

Además, el fiscal Bautista aprovecha el informe de este jueves para defenderse y destacar que él se ha mostrado favorable a que se practicasen las "diligencias esenciales para el esclarecimiento de los hechos". Ahora, el juez Pablo Ruz deberá pronunciarse sobre si acepta o no las diligencias solicitadas por Dignidad y Justicia y unirlas a las ya ordenadas con anterioridad por él mismo.