LD (Europa Press) El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, ha solicitado este viernes penas de 12 años de prisión para Arkaitz Miranda, David Manuel Ponce y Eneko Aguirre, en el juicio que se celebró contra ellos en la Sección Segunda de lo Penal, donde reconocieron su participación en tres actos de terrorismo callejero en marzo y agosto de 2002 en San Sebastián, aunque estos aseguraron que desde entonces se encuentran "reinsertados" y "totalmente desvinculados"de este tipo de violencia.
El representante del Ministerio Público acusa a estos procesados de tres delitos de daños terroristas y uno de coacciones. También solicitó 3 años de prisión para Xabier Ayestarán, quien participó en uno de los actos de 'kale borroka'. Por su parte, los abogados defensores solicitaron una condena de dos años de prisión a los tres principales acusados y de un año para Ayestarán (para después solicitar la suspensión de la condena) y subrayaron los "efectos irreparables" que podría acarrearles el ingreso en la cárcel.
Los cuatro acusados admitieron los hechos que les imputa el fiscal. Concretamente, se trata de los ataques perpetrados en marzo y agosto de 2002 contra la sucursal de BSCH de la calle Borroto, en San Sebastián, contra un autobús de la "Compañía del Tranvía de San Sebastián S.A.", a cuyo conductor obligaron a bajar del vehículo para despues rociarlo con gasolina y prenderle fuego, y la sucursal de la Kutxa sita en la calle Virgen del Carmen de la misma ciudad.
Además, todos ellos aseguraron que habían pagado la cantidad establecida por el tribunal para indemnizar por los daños provocados en sus actos de 'kale borroka'. También declararon que, desde entonces, se han mantenido "absolutamente desvinculados" de este tipo de acciones. Según explicaron, se encuentran "reinsertados" en la sociedad y tienen trabajos estables.
Reparación del daño
En su informe de conclusiones, el fiscal consideró los hechos como constitutivos de tres delitos de daños terroristas, uno por cada acción de violencia callejera, y de otro de coacciones por obligar al conductor del autobús a descender del vehículo para prenderle fuego. Sin embargo, el representante del Ministerio Público sostuvo que el tribunal también "podría interpretar" los hechos como consitutivos de un solo delito continuado de daños terroristas.
Además, matizó el fiscal, si los acusados han ingresado realmente las cantidades que les imponía el tribunal, se les podría aplicar la atenuante de reparación de daño.
Por su parte, las defensas de los acusados solicitaron que se les condene por un delito continuado de daños terroristas, y anunciaron que pedirán la suspensión de sus condena. En este sentido, destacaron los "efectos irreparables" que podría implicar para ellos el ingreso en la cárcel. Por ello, pidieron al tribunal que atendiese, a la hora de dictar sentencia, al "caso concreto y a las circunstancias personales de estos jóvenes".
Así, destacaron que los acusados "no han vuelto a delinquir", y que tuvieron un "contacto puntual" con la 'kale borroka' "hace mucho tiempo, cuando tenían cerca de 20 años", así como que han reconocido los hechos y han realizado "un esfuerzo para reparar el daño" que provocaron.
"Pianistas" de ETA
Por otra parte, hoy continuó el juicio que celebra la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional contra 18 acusados de pertenecer o colaborar con los aparatos de información (conocidos como "pianistas") y de captación ("arrantza"), arrestados gracias a la documentación incautada en Francia al dirigente etarra Ibon Fernández Iradi, 'Susper', en diciembre de 2002.
En la sesión de hoy compareció como testigo el integrante de ETA Xabier Makazaga, quien reconoció que su "comando" disponía de información sobre un profesor de la Universidad del País Vasco, pero que estos datos fueron recabados por ellos mismos y no por ninguno de los acusados, tal y como sostiene el fiscal. También testificó el etarra Jon Zubiaurre, cuñado del procesado Asier Ortíz, quien admitió que éste acudía a visitarle a la cárcel. Sin embargo, negó que le propusiese integrarse en ETA, y aseguró que estas visitas eran por motivos familiares.
También declararon como testigos varios policías, entre ellos los que realizaron seguimientos en septiembre de 2002 sobre los dos acusados que se enfrentan a unas penas mayores, Unai Redín y Tomás Insausti, para quienes el fiscal pide 11 años de prisión. Según dijeron, los procesados mantuvieron "actitudes sospechosas" y parecía que estaban vigilando a un concejal de un pueblo navarro.