L D (Agencias) Así lo indicó un portavoz del ministerio público, que precisó que las acusaciones, que podrían extenderse a los delitos de pertenencia y allegamiento de fondos a organización terrorista, se concretarán cuando los detenidos -cinco en España y siete en Francia- hayan prestado declaración judicial.
De momento, la Fiscalía sí considera que los arrestados podrían haber incurrido en un delito de colaboración previsto en el artículo 576 del Código Penal, referido a quienes lleven a cabo "cualquier acto de colaboración con las actividades o las finalidades de una banda armada, organización o grupo terrorista" y castigado con penas de entre cinco y diez años de prisión. Entre los actos de colaboración, el Código Penal cita expresamente la "ayuda o mediación, económica o de otro género, con las actividades de las citadas bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas".
La investigación, desarrollada por un equipo conjunto hispano-francés liderado por los jueces Fernando Grande Marlaska y Laurence Le Vert, ha permitido desmantelar una red que coordinaba y canalizaba desde Francia las peticiones exigiendo el pago del llamado "impuesto revolucionario" a los empresarios españoles, según el Ministerio del Interior.
En España, la red invertía presuntamente los beneficios obtenidos y también hacía desaparecer ese capital de los circuitos financieros regulares y fiscalizables, trasladándolo a paraísos fiscales. El modo de llevar a cabo las pesquisas, a través de un equipo conjunto constituido a finales del pasado mes de febrero, permitirá que las autoridades judiciales españolas dispongan "de inmediato" de los indicios obtenidos en Francia y del contenido de las declaraciones de los detenidos en ese país, según la Fiscalía.
El portavoz del ministerio público dijo también que la operación se ha llevado a cabo cuando se ha considerado que "estaba madura" y que no han influido en ella elementos ajenos a la actuación judicial, en referencia al posible anuncio esta semana por parte del Gobierno del comienzo de conversaciones con ETA. La comparecencia ante Grande Marlaska de los cinco detenidos en España tendrá lugar previsiblemente este próximo viernes.
De momento, la Fiscalía sí considera que los arrestados podrían haber incurrido en un delito de colaboración previsto en el artículo 576 del Código Penal, referido a quienes lleven a cabo "cualquier acto de colaboración con las actividades o las finalidades de una banda armada, organización o grupo terrorista" y castigado con penas de entre cinco y diez años de prisión. Entre los actos de colaboración, el Código Penal cita expresamente la "ayuda o mediación, económica o de otro género, con las actividades de las citadas bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas".
La investigación, desarrollada por un equipo conjunto hispano-francés liderado por los jueces Fernando Grande Marlaska y Laurence Le Vert, ha permitido desmantelar una red que coordinaba y canalizaba desde Francia las peticiones exigiendo el pago del llamado "impuesto revolucionario" a los empresarios españoles, según el Ministerio del Interior.
En España, la red invertía presuntamente los beneficios obtenidos y también hacía desaparecer ese capital de los circuitos financieros regulares y fiscalizables, trasladándolo a paraísos fiscales. El modo de llevar a cabo las pesquisas, a través de un equipo conjunto constituido a finales del pasado mes de febrero, permitirá que las autoridades judiciales españolas dispongan "de inmediato" de los indicios obtenidos en Francia y del contenido de las declaraciones de los detenidos en ese país, según la Fiscalía.
El portavoz del ministerio público dijo también que la operación se ha llevado a cabo cuando se ha considerado que "estaba madura" y que no han influido en ella elementos ajenos a la actuación judicial, en referencia al posible anuncio esta semana por parte del Gobierno del comienzo de conversaciones con ETA. La comparecencia ante Grande Marlaska de los cinco detenidos en España tendrá lugar previsiblemente este próximo viernes.
Grande Marlaska tendrá "inmediato conocimiento" del contenido de las declaraciones de los detenidos en Francia y también se facilitará a la justicia española la documentación incautada en el país vecino, explicaron los portavoces de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Juan Antonio García Jabaloy y Juan Moral. La operación fue desarrollada por un equipo policial y judicial coordinado conjuntamente por Grande-Marlaska y la juez antiterrorista francesa Laurence Levert, por lo que no será necesario enviar comisiones rogatorias al país vecino para conocer la información que derive de las detenciones allí practicadas.