L D ( EFE) Así consta en el expediente penitenciario de Galdós, cuya salida de prisión fue recurrida el jueves en súplica por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, una iniciativa procesal "in extremis" que no suspende la puesta en libertad de la terrorista. Las redenciones de pena de las que se ha beneficiado la terrorista, tanto ordinarias como extraordinarias, por un total de 2.635 días, se deben a la aplicación, en su caso, del Código Penal de 1973. Fuentes jurídicas explicaron que, tras conocer la inminente excarcelación de Galdós, la Fiscalía solicitó el pasado mes de julio la anulación de determinadas redenciones que le habían sido abonadas por los juzgados de vigilancia penitenciaria de Málaga, Murcia y León, correspondientes a los territorios de las prisiones por las que pasó la terrorista desde su ingreso en marzo de 1986.
La razón alegada por la Fiscalía fue que los citados juzgados carecían de competencia para conceder dichas redenciones al amparo de la Ley Orgánica que creó el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, en vigor desde mayo de 2003. De obtenerse su anulación, se lograría retrasar la puesta en libertad de Galdós unos 200 días más, según las mismas fuentes. En un auto dictado el pasado 15 de septiembre, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional rechaza anular las redenciones por "exigencia del principio de seguridad jurídica", ya que las resoluciones de los respectivos juzgados de vigilancia que las concedieron no fueron recurridas en su día ni por el Ministerio Fiscal ni por la propia penada, por lo que devinieron en "firmen e intangibles".
Recurso de la Fiscalía
La Fiscalía no está conforme con esta resolución, por lo que este jueves interpuso un recurso de súplica contra la decisión de los magistrados, si bien reconoce que su iniciativa no suspende la excarcelación de la terrorista. Fuentes del Ministerio Público explicaron que su recurso se basa en el hecho de que las redenciones recurridas fueron aprobadas por los respectivos juzgados de vigilancia tras la entrada en vigor de la Ley que atribuyó la competencia de estos asuntos a la Audiencia Nacional. La Guardia Civil arrestó a Mercedes Galdós en Pamplona el 25 de marzo de 1986, tras un fuerte enfrentamiento en el que la etarra, condenada por su participación en 17 asesinatos, resultó herida y tras el que hubo que intervenirla quirúrgicamente. Ya en el quirófano se le halló una pistola en la entrepierna, arma que se sumaba a las diversas armas y granadas que confiscaron a la etarra en el momento de su arresto.
Nacida en 1955, María Mercedes Galdós Arsuaga ingresó en ETA en 1977 junto con José María Zaldua Corta y Juan Bereciuartua, con quienes formó un grupo de información. En 1978 atentó, con el grupo "Urola", contra un vehículo de la Guardia Civil en Villareal de Urrechua en el que murieron dos agentes. Dos años después, en 1980, asesinó a un policía y atentó contra la Universidad de Pamplona y contra el director del Diario de Navarra, quien salvó la vida pese a haber recibido 26 disparos por parte de los terroristas.
En 1981, Galdós participó en la colocación de una bomba-lapa contra la Guardia Civil de Pamplona y de diversos explosivos en Iberdrola. Fruto de sus atentados en este año muere un niño y un policía. Fue condenada igualmente por la colocación, en 1984 de una bomba-lapa en un coche del capitán Luis Ollo, así como por el asesinato ese mismo año del comandante Jesús Alcocer. También sido condenada por la colocación de dos bombas y dos asesinatos en 1985, entre ellos el del general Juan Atares Peñas, a quien remató en el suelo después de que los terroristas utilizaran una bomba accionada a distancia al paso de su vehículo. En 1986, año en el que resultó detenida, había intentado secuestrar al industrial Navarro José Ignacio Gipert Azpiroz.