L D (EFE) El título definitivo de la norma es "Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la Guerra Civil y la dictadura", denominación a la que fuentes gubernamentales dan gran importancia porque "reafirma el espíritu y objetivo de la ley".
A lo largo de 25 artículos, tres disposiciones adicionales y tres finales, el proyecto recoge las medidas con las que el Gobierno pretende "la reparación de estas personas desde una filosofía de concordia y conciliación" y "sin pretensión alguna de reescribir" la historia o volver a interpretarla.
La memoria económica que acompaña al proyecto prevé que su aplicación tenga un coste global de 60 millones de euros, ya que incorpora la ampliación del ámbito de aplicación y la cuantía de pensiones e indemnizaciones a estas víctimas, así como a las de la última etapa del franquismo y los primeros años de la Transición.
El Valle de los Caídos, lugar de "culto permanente"
Además de un "reconocimiento general", se establece un procedimiento para conseguir una declaración individual de reparación, que será de índole moral y no económica, y que podrán hacer los propios afectados o sus familiares, en caso de que hayan fallecido. Las solicitudes se dirigirán a una Comisión Interministerial que tramitará los expedientes, si bien su resolución definitiva correrá a cargo de una comisión integrada por cinco personas "de reconocido prestigio en el ámbito de las Ciencias Sociales", designados por mayoría cualificada de tres quintos del Parlamento.
Se incorpora también un capítulo dedicado a los símbolos y monumentos públicos, que establece la retirada de placas o escudos que exalten sólo a una de las dos partes contendientes en la guerra, y especifica el régimen de uso del Valle de los Caídos, donde prohíbe los actos políticos o franquistas.
La "reparación moral" es "más razonable y sensata" según el Gobierno
La "reparación moral" es "más razonable y sensata" según el Gobierno
Las llamadas "víctimas de la Guerra Civil y el franquismo" que decidan pedir una declaración individual de reconocimiento y reparación moral dispondrán de un año para hacerlo, y cuando la declaración les sea otorgada por la comisión designada por el Congreso se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Así lo dispone el proyecto de la ley de ampliación de derechos a estas víctimas aprobado hoy por el Consejo de Ministros, que incluye la posibilidad de obtener este reconocimiento –de carácter simbólico pero no pecuniario– en un plazo no superior a un año.
Según fuentes del Ejecutivo, la comisión deberá resolver también antes de un año, por lo que estima que el proceso que se abrirá a partir de la aprobación de la ley no durará más allá de dos años. El Gobierno ha decidido no incluir la anulación de los juicios sumarísimos celebrados sin garantías durante la guerra, una petición en la que IU y ERC han insistido especialmente. Las fuentes gubernamentales explicaron que desde el punto de vista jurídico la reparación moral se considera una fórmula "más razonable y sensata", sobre todo a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la retroactividad de las leyes que agotaron sus efectos jurídicos, como es el caso de estos juicios.
Además, el Ejecutivo ha considerado que emprender procedimientos judiciales para la anulación sería enormemente costoso para los interesados y sus familiares, cuya demanda más generalizada es el reconocimiento moral de que fueron condenados de forma injusta. En este sentido, el procedimiento ideado por el Gobierno permitirá que quienes así lo quieran puedan conseguir una declaración individual de reparación y reconocimiento personal que tiene como objeto constatar públicamente que las condenas fueron injustas, siempre según las mismas fuentes.
El proyecto determina que el Consejo encargado de decidir finalmente sobre los expedientes estará compuesto por cinco personas de reconocido prestigio en el ámbito de las Ciencias Sociales, a elegir por una mayoría de tres quintos del Congreso. Esta mayoría cualificada obligará, con la composición actual del Parlamento, a contar necesariamente con el PP para su elección. En cuanto a las prestaciones, pensiones e indemnizaciones, el proyecto incorpora medidas, de las que podrán beneficiarse unas 700 personas, para eliminar algunas restricciones de la Ley de 1979 y para compensar la tributación en el IRPF.
También se faculta para la percepción de pensiones a los familiares de fallecidos "por causas políticas o sindicales". Además, se modifica el importe de las pensiones cuya cuantía estaba congelada desde el año 1980. Por otro lado se reconocerá, a efectos de indemnizaciones, el tiempo que pasaron retenidos los integrantes de los batallones disciplinarios –como por ejemplo los que construyeron el Valle de los Caídos– y se rebaja de 65 a 60 años la edad para conseguirlas; el Gobierno calcula que puede haber 1.500 casos.
A los miembros de las Brigadas Internacionales, que participaron en el bando republicano, se les facilita la posibilidad de conseguir la nacionalidad española, ya que aunque pueden obtenerla por carta de naturaleza desde 1996 era preciso que renunciaran a su nacionalidad de origen. Como muchos de ellos prefirieron no hacer efectiva esta renuncia, con la nueva ley se elimina este requisito y se les facilita así la posibilidad de ejercitar este derecho.
Las víctimas de grupos de izquierda de los últimos años del franquismo y de la Transición tendrán también reconocido el derecho a cobrar una indemnización única de 135.000 euros como defensores de la democracia. Se reconocerá a estas víctimas desde el 1 de enero de 1968 –fecha de arranque de la ley de Víctimas del Terrorismo– hasta el 6 de octubre de 1977, cuando se aprobó la Ley de Amnistía. Aproximadamente unas 40 personas podrán obtener este tipo de indemnización, entre ellos las víctimas de los sucesos de Vitoria de marzo de 1976, en los que murieron seis personas por la represión policial.
Según fuentes del Ejecutivo, la comisión deberá resolver también antes de un año, por lo que estima que el proceso que se abrirá a partir de la aprobación de la ley no durará más allá de dos años. El Gobierno ha decidido no incluir la anulación de los juicios sumarísimos celebrados sin garantías durante la guerra, una petición en la que IU y ERC han insistido especialmente. Las fuentes gubernamentales explicaron que desde el punto de vista jurídico la reparación moral se considera una fórmula "más razonable y sensata", sobre todo a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la retroactividad de las leyes que agotaron sus efectos jurídicos, como es el caso de estos juicios.
Además, el Ejecutivo ha considerado que emprender procedimientos judiciales para la anulación sería enormemente costoso para los interesados y sus familiares, cuya demanda más generalizada es el reconocimiento moral de que fueron condenados de forma injusta. En este sentido, el procedimiento ideado por el Gobierno permitirá que quienes así lo quieran puedan conseguir una declaración individual de reparación y reconocimiento personal que tiene como objeto constatar públicamente que las condenas fueron injustas, siempre según las mismas fuentes.
El proyecto determina que el Consejo encargado de decidir finalmente sobre los expedientes estará compuesto por cinco personas de reconocido prestigio en el ámbito de las Ciencias Sociales, a elegir por una mayoría de tres quintos del Congreso. Esta mayoría cualificada obligará, con la composición actual del Parlamento, a contar necesariamente con el PP para su elección. En cuanto a las prestaciones, pensiones e indemnizaciones, el proyecto incorpora medidas, de las que podrán beneficiarse unas 700 personas, para eliminar algunas restricciones de la Ley de 1979 y para compensar la tributación en el IRPF.
También se faculta para la percepción de pensiones a los familiares de fallecidos "por causas políticas o sindicales". Además, se modifica el importe de las pensiones cuya cuantía estaba congelada desde el año 1980. Por otro lado se reconocerá, a efectos de indemnizaciones, el tiempo que pasaron retenidos los integrantes de los batallones disciplinarios –como por ejemplo los que construyeron el Valle de los Caídos– y se rebaja de 65 a 60 años la edad para conseguirlas; el Gobierno calcula que puede haber 1.500 casos.
A los miembros de las Brigadas Internacionales, que participaron en el bando republicano, se les facilita la posibilidad de conseguir la nacionalidad española, ya que aunque pueden obtenerla por carta de naturaleza desde 1996 era preciso que renunciaran a su nacionalidad de origen. Como muchos de ellos prefirieron no hacer efectiva esta renuncia, con la nueva ley se elimina este requisito y se les facilita así la posibilidad de ejercitar este derecho.
Las víctimas de grupos de izquierda de los últimos años del franquismo y de la Transición tendrán también reconocido el derecho a cobrar una indemnización única de 135.000 euros como defensores de la democracia. Se reconocerá a estas víctimas desde el 1 de enero de 1968 –fecha de arranque de la ley de Víctimas del Terrorismo– hasta el 6 de octubre de 1977, cuando se aprobó la Ley de Amnistía. Aproximadamente unas 40 personas podrán obtener este tipo de indemnización, entre ellos las víctimas de los sucesos de Vitoria de marzo de 1976, en los que murieron seis personas por la represión policial.