Esto es algo se que ha podido comprobar, según Rambla, en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ya que, en su opinión, "nuevamente, Cataluña ha conseguido del Gobierno central, a cambio de un puñado de votos, nuevas inversiones que se suman a las muchas que ya tenía recogidas en su estatuto de autonomía". El Gobierno valenciano entiende que "es necesario este recurso de inconstitucionalidad, para ser fieles a nuestra Carta Magna y para que los principios básicos que en ella se recogían y que no se ven en el texto estatutario puedan ser resueltos", dijo.
Aragón también recurre el Estatuto
Mientras, el Gobierno de Aragón ha presentado este jueves el recurso, al entender que el texto catalán modifica las competencias del Estatuto aragonés en lo referente al Archivo de la Corona de Aragón, que tiene su sede en Barcelona. Se cumple con el recurso el acuerdo adoptado el pasado día 5 de septiembre por el Gobierno autonómico, que pide la declaración de inconstitucionalidad de la disposición adicional decimotercera del estatuto catalán, que entró en vigor el pasado 9 de agosto.
Esta disposición establece, entre otros aspectos, que "los fondos propios de Cataluña situados en el Archivo de la Corona de Aragón y en el Archivo Real de Barcelona se integran en el sistema de archivos de Cataluña". El Gobierno aragonés sostiene que el Archivo de la Corona de Aragón se trata de un ente indivisible que debe ser gestionado por las cuatro comunidades implicadas -Aragón, Baleares, Cataluña y Valencia- y el propio Gobierno central.
Los servicios jurídicos del Gobierno aragonés entienden que la norma catalana afecta al propio ámbito de autonomía de la comunidad autónoma "puesto que modifica competencias del Estatuto aragonés al margen del procedimiento previsto para ello". Según se plantea en el recurso, el texto catalán incumple el artículo 147 de la Constitución Española, que remite a los propios Estatutos la regulación de procedimiento para reformarlos.
La Generalidad, defiende la administración aragonesa, se arroga la "competencia exclusiva para la gestión y determinación del régimen jurídico de determinados fondos situados en el archivo de la Corona de Aragón, lo que supone una limitación o exclusión de las competencias que sobre dichos fondos ostenta Aragón". "En la práctica se trata de una modificación de la disposición adicional primera del Estatuto aragonés (que atribuye a Aragón la competencia para participar en la gestión del archivo de la corona junto con otras comunidades) al margen de los cauces previstos para ello", señala un comunicado del gobierno.